Una de las declaraciones más relevantes provino de Steve Bannon, quien en 2018 afirmó: “Los demócratas no importan. La verdadera oposición son los medios. Y la forma de lidiar con ellos es inundar la zona con mierda.” Esta filosofía parece haber guiado las acciones del gobierno en las últimas semanas, con una sucesión de decretos que han impactado directamente en la política migratoria de Estados Unidos.
Entre estas medidas destaca el intento de eliminar la nacionalidad por nacimiento, aunque un juez ha frenado temporalmente esta iniciativa. Simultáneamente, se ha registrado un aumento en el despliegue de tropas en la frontera y la imposición de cuotas diarias de deportaciones. La estrategia del gobierno ha generado críticas de los demócratas, quienes la califican como un intento de sembrar el miedo.
El senador Mark Kelly, de Arizona, ha cuestionado el uso de aviones militares C-17 para las deportaciones, argumentando que: “Solo lo haces por una cosa, por la imagen que creas. Es un espectáculo que busca la atención de los medios e intimidar.” Esta perspectiva es compartida por otros senadores demócratas como Chris Murphy, quien asegura que la administración Trump está deportando a menos personas que la de Biden, citando cifras de detenciones semanales.
Según Stephen Miller, asesor de Trump, la máquina de aprehensiones está en proceso de ajuste, con una meta de al menos 75 detenciones diarias por cada una de las 25 agencias del ICE. Aunque aún no se ha alcanzado esta cifra, las cifras diarias de aprehensiones se han mantenido relativamente altas, rondando el millar en los últimos días de enero.
El incremento en las operaciones migratorias ha incluido la participación de agentes especializados en crimen organizado y terrorismo, desviando recursos de otras áreas de seguridad nacional. Esto ha generado preocupación en organizaciones civiles como el American Immigration Council, que cuestiona la desviación de recursos hacia la detención de indocumentados.
Además, se han reportado casos de detenciones que parecen basarse en el perfilamiento racial o lingüístico, y la disminución del porcentaje de detenidos con antecedentes penales. La situación ha generado temor en las comunidades, incluso en las llamadas "ciudades santuario". A pesar de los rumores de redadas masivas, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, ha desmentido información sobre operativos generalizados en la región.
El caso de José Álvaro, un indocumentado detenido por un problema de tránsito, ilustra la complejidad de la situación. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, enfatiza: “La Constitución otorga derechos a todos en el suelo estadounidense, y seguiremos luchando por ello.”
La situación actual refleja un panorama complejo y cambiante, donde el impacto a largo plazo de las políticas de Trump aún está por verse.