Licencias para migrantes en Nueva York: Demanda federal y recorte de fondos FEMA

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El panorama político estadounidense sigue generando titulares; recientemente, se ha desatado una intensa controversia que afecta directamente a la población migrante en diferentes estados, y que ha puesto en jaque a varias administraciones locales

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Nicol Matuz Scott el 13/02/2025 11:59 AM.
En Internacional y editada el 13/02/2025 12:04 PM.

El epicentro de la discusión se centra en Nueva York, donde una ley aprobada en 2019 que permite a todos los residentes, incluyendo migrantes, obtener una licencia de conducir, ha generado una fuerte reacción a nivel federal. Esta ley, que buscaba facilitar la integración de la población inmigrante, se ha convertido en el blanco de una demanda del Departamento de Justicia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, una figura cercana al expresidente Donald Trump, lidera la ofensiva legal. Según Bondi, la ley de Nueva York es "inconstitucional" y fomenta la inmigración irregular. La demanda, presentada este miércoles, apunta directamente a la gobernadora Katy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James, y el comisionado del Departamento de Vehículos Motores de Nueva York, Mark Schroeder.

Esta acción legal no es un caso aislado. Tan solo seis días antes, el Departamento de Justicia interpuso una demanda similar contra Chicago e Illinois, acusándolos de obstruir las labores de las autoridades migratorias. Esta ofensiva parece responder a la estrategia impulsada por la administración Trump, que buscaba la colaboración de las entidades locales en la aplicación de políticas migratorias restrictivas.

A este conflicto legal se suma otro hecho relevante: la revocación de 80 millones de dólares en fondos FEMA destinados a programas de asilo en Nueva York. El Contralor de Nueva York, Brad Lander, ha denunciado esta acción como un "robo" e incluso apunta a una presunta participación del expresidente Trump y Elon Musk en esta decisión, exigiendo la devolución de los fondos y anunciando posibles acciones legales si el alcalde de la ciudad no responde adecuadamente.

La situación refleja una tensión palpable entre las políticas migratorias federales y las iniciativas de las administraciones locales para apoyar a la población inmigrante. Las consecuencias legales y políticas de estos enfrentamientos aún están por verse, y sin duda continuarán dando mucho de qué hablar en los próximos meses.