Alerta en California: Aumenta tráfico marítimo ilegal, San Clemente desafía leyes santuario
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Nicol Matuz ScottEn San Clemente, una ciudad costera del condado de Orange, la situación es particularmente compleja. El alcalde Steve Knoblock ha confirmado un incremento significativo en el número de embarcaciones pequeñas, conocidas como "pangas", llegando a sus playas. “En el último mes, hemos tenido un gran aumento en la cantidad de pangas que han llegado a nuestra playa," declaró Knoblock a Fox News Digital. Esta situación, según él, ha pasado desapercibida hasta ahora, sin la intervención de las autoridades pertinentes.
Ante esta situación, y a pesar de las leyes santuario de California – la California Values Act de 2017 – San Clemente ha solicitado la colaboración directa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El concejo municipal aprobó, el pasado 4 de febrero, contactar a estas agencias federales para explorar la instalación de un sistema de vigilancia costera con cámaras, cubriendo los más de 11 kilómetros de costa de la ciudad.
Este plan implica un cambio significativo en la estrategia de seguridad local. Actualmente, las cámaras de vigilancia de San Clemente se enfocan en la seguridad de la playa, ignorando el monitoreo marítimo. La colaboración con la CBP busca remediar esta omisión, permitiendo una vigilancia las 24 horas del día. La decisión de San Clemente de actuar independientemente de las autoridades locales, como el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, destaca la urgencia percibida por la ciudad.
El alcalde Knoblock relaciona este incremento con las medidas de seguridad fronteriza implementadas durante la administración Trump: “El presidente Trump hizo un gran trabajo al asegurar la frontera con México en San Diego, pero estamos recibiendo personas de 150 países que llegan por mar,” afirmó. La situación se compara con un cambio del foco de la inmigración, de terrestre a marítima.
Esta iniciativa de San Clemente no está exenta de controversia. Se contrapone directamente a las políticas santuario del estado, aunque la ciudad justifica su acción por la necesidad de proteger a sus ciudadanos. Otras ciudades, como Huntington Beach, también han expresado su oposición a estas políticas, incluso llegando a demandar al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Rob Bonta. Sin embargo, San Clemente ha optado por una estrategia diferente, decidiendo no unirse a dicha demanda por razones de costo, estimando los gastos legales en alrededor de 100 mil dólares.
Un portavoz de la CBP ha declarado a Fox News Digital: “Las organizaciones criminales transnacionales explotan el peligroso y, a menudo, impredecible entorno marítimo para el tráfico de personas y otros bienes ilícitos.” La situación en San Clemente refleja un desafío a la legislación estatal y una creciente preocupación sobre el tráfico marítimo de personas y mercancías ilegales a lo largo de la costa californiana.
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