Correo de Elon Musk genera tormenta política en Washington
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El centro de la controversia es un mensaje enviado a empleados federales, a instancias de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX. El correo, titulado "¿Qué hiciste la semana pasada?", solicitaba a los trabajadores listar cinco logros de la semana anterior, con la advertencia de posibles consecuencias en caso de no responder. Este mensaje, enviado por la Oficina de Administración de Personal (OPM), fue emitido bajo la dirección de Musk, quien se desempeña en un rol clave dentro de la administración Trump.
La reacción no se hizo esperar. La representante Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, declaró a Fox News Digital que la acción de Musk es "ilegal", argumentando que se viola el marco legal establecido. Comparte esta opinión la representante Jesús García, demócrata por Illinois, quien cuestiona la autoridad de Musk: "¿Quién es Elon Musk para enviar algo así?", se preguntó retóricamente.
Otras figuras demócratas, como la representante Becca Balint de Vermont, calificó la situación de Musk como "incompetencia", señalando contradicciones en sus comunicaciones. La representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, hizo hincapié en las graves consecuencias que podrían tener los despidos, afectando servicios esenciales como el control del tráfico aéreo, los beneficios para veteranos, y los programas de asistencia social.
La perspectiva republicana difiere notablemente. El representante Brandon Gill, republicano por Texas, defendió la acción de Musk, considerándola necesaria para combatir la ineficiencia y el despilfarro dentro del gobierno. "Deberíamos estar muy agradecidos por lo que Musk está haciendo", dijo a Fox News Digital. Similarmente, el representante Chip Roy, republicano por Texas, argumentó que "todos los que trabajan para el gobierno deben ser responsables".
En medio de la controversia, la Casa Blanca, por medio de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, afirmó que las acciones de Musk se realizan en "completo cumplimiento de la ley federal" y que el objetivo es mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
La Federación Americana de Trabajadores Federales y otros grupos ya han presentado una demanda contra la OPM, argumentando la ilegalidad de los despidos por no responder al correo. Mientras tanto, la controversia sigue en su punto álgido, dividiendo al Congreso y exponiendo diferentes posturas sobre la gestión pública y el rol del sector privado en la administración gubernamental.