Fracaso de la deportación masiva de Trump: un costo de $216 mil millones

La administración Trump se enfrentó a un reto monumental: la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Más de 10.5 millones de personas sin estatus legal representan un desafío sin precedentes, no solo por el número, sino por las intrincadas implicaciones que conlleva.
El The New York Times reveló algunos de los nudos gordianos que estrangulan el plan. La captura de los individuos, por ejemplo, no es tan simple como parece. Los operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) requieren una planificación exhaustiva, incluyendo investigación, localización y movilización de recursos. A menudo, los agentes pasan horas esperando el momento oportuno para realizar los arrestos, lo que ralentiza considerablemente el proceso.
Las ciudades santuario, con sus políticas de no cooperación con ICE, agregan otra capa de dificultad. En estas ciudades, las autoridades locales no están obligadas a colaborar con la detención de inmigrantes indocumentados. Según las autoridades, estas políticas buscan garantizar la confianza de la comunidad inmigrante en las fuerzas del orden locales, evitando que el miedo a la deportación impida la denuncia de delitos.
La administración Trump intentó contrarrestar esta situación buscando más órdenes judiciales para el ingreso forzado a domicilios. Sin embargo, esta estrategia enfrentó fuertes impugnaciones legales y retrasos significativos.
El panorama internacional también presentó obstáculos. La repatriación de los deportados requiere la colaboración de países extranjeros, un proceso complejo y, a menudo, problemático. Como alternativa, se exploraron acuerdos con países terceros como Costa Rica y Panamá, los cuales fungieron como "países puente", recibiendo un número determinado de deportados. Incluso se consideró la reactivación de centros de detención en bases militares, una opción con fuertes implicaciones económicas y éticas.
Ante las dificultades, la administración Trump optó por una campaña publicitaria multimillonaria para persuadir a los inmigrantes a autodeportarse. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en redes sociales: “Esto sirve como una fuerte advertencia. Si vienen ilegalmente, serán perseguidos.”
Finalmente, el costo económico es abrumador. Un análisis de CBS News estimó que el costo promedio de deportar a una persona es de aproximadamente $19,599 dólares. Extrapolando esto a la población total de indocumentados, el costo total del plan de deportación podría superar los $216 mil millones de dólares durante el mandato presidencial, generando serias dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.