Crisis de combustible paraliza Bolivia: largas filas y protestas
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Leonora LagardaLa razón: una crisis de combustible que sacude al país, dejando tras de sí largas filas que se extienden por kilómetros y un malestar que crece día a día. El Gobierno, liderado por Luis Arce, enfrenta la mayor prueba de su gestión. La falta de diésel y gasolina, que se agudizó la semana pasada, ha generado protestas y movilizaciones por toda Bolivia.
El "Comité Multisectorial", formado por comerciantes y productores, inició el martes una marcha de 98 kilómetros desde Patacamaya hasta la sede de gobierno. Los transportistas de El Alto se unen a las protestas, mientras que los cooperativistas mineros, antes aliados del gobierno, dieron un ultimátum de 72 horas para resolver la escasez.
Imágenes de protestas en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz, con manifestantes pegando carteles y lanzando basura, reflejan la frustración de la ciudadanía. La situación se volvió tensa el viernes, generando aún más incertidumbre.
En respuesta a la presión, el Gobierno anunció un aumento en el suministro, pasando del 50% al 80% de la demanda, para la semana del 15 al 21 de marzo. YPFB espera la llegada de tres buques con 90 millones de litros de combustible desde Arica, Chile, lo que representa un volumen superior a 46 millones de litros de diésel y más de 20 millones de litros de gasolina, según información oficial. “Nuestro compromiso es firme...”, afirmó el presidente Arce a través de redes sociales.
Pero la realidad en las calles contrasta con las declaraciones oficiales. En Santa Cruz, se reportan esperas de hasta 30 horas para abastecerse, generando caos vehicular y afectando el transporte público, la recolección de basura e incluso la disponibilidad de alimentos en algunas zonas.
El problema, sin embargo, es más profundo que una simple escasez temporal. Bolivia depende en gran medida de las importaciones de combustible, necesitando comprar el 86% del diésel y el 56% de la gasolina. Esto, junto con la subvención gubernamental que resulta en un precio tres veces menor al costo real, ha generado un gasto de más de 3.300 millones de dólares en 2024 y un problema estructural de contrabando que, según estimaciones oficiales, representa una pérdida anual de 600 millones de dólares.
A la dependencia de importaciones y la baja producción local, se suma la crisis financiera y la falta de dólares, situación que se agravó desde principios de 2023. El Gobierno busca paliar la situación solicitando a la Asamblea Legislativa la aprobación de 1.660 millones de dólares en créditos externos.
La situación es compleja y requiere análisis profundos, ya que la solución no parece inmediata.
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