Ley SB-2 en Florida: impacto migratorio y controversia
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la polémica se encuentra la SB-2, una ley que ha generado un fuerte revuelo a raíz de sus implicaciones en materia migratoria. Firmada por el gobernador Ron DeSantis, la ley, que entró en vigor el 14 de febrero, ha sido descrita por algunos expertos como la legislación migratoria más dura del país. Se expande el programa 287(g), aumentando la colaboración entre las fuerzas del orden locales y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Pero la SB-2 no se limita a la cooperación con el ICE. Impone penas más severas para delitos menores cometidos por inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, un simple hurto menor, que antes podía acarrear una multa y un año de prisión, ahora puede resultar en cinco años de cárcel y una multa cinco veces mayor. Esta diferencia de sanciones dependiendo del estatus migratorio del acusado ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones como la ACLU de Florida, que alega una violación del principio de igual protección ante la ley.
“Ningún Gobierno debería promover una agenda política extrema que perjudique el bienestar de todos,” declaró Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida, expresando preocupación por posibles abusos y violaciones a los derechos humanos.
La ley va aún más lejos al establecer la pena de muerte obligatoria, sin posibilidad de juicio por jurado, para inmigrantes indocumentados convictos de asesinato en primer grado o violación de menores. Esta medida ha generado una intensa controversia, con abogados como Kara Gross, de la ACLU, argumentando la inconstitucionalidad de esta disposición, basándose en precedentes legales que establecen que las sentencias de muerte automáticas son ilegales.
Además de las penas más duras, la SB-2 crea un nuevo delito estatal: entrar a Florida tras una entrada ilegal al país. También se crea la Junta Estatal para el Control Migratorio, liderada por Larry Keefe, un aliado cercano de DeSantis, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza.
Finalmente, la SB-2 elimina los beneficios para estudiantes indocumentados, incluyendo a los Dreamers, obligándolos a pagar la matrícula universitaria a la misma tarifa que los estudiantes internacionales, un costo que en muchos casos podría triplicarse.
La implementación de la SB-2 está creando un clima de incertidumbre e impactando significativamente a diferentes sectores de la sociedad en Florida, desde la fuerza policial hasta los negocios locales y las universidades.
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