Orden ejecutiva de registro de extranjeros genera incertidumbre y preocupación en inmigrantes
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Nicol Matuz ScottEl centro de la cuestión reside en una reciente orden ejecutiva que exige el Registro de Extranjeros, impulsado con el objetivo declarado de "proteger la seguridad de los estadounidenses", según palabras del gobierno. Esta medida, que afectaría a un estimado de entre 5 y 7 millones de personas, requiere la entrega de información personal, incluyendo huellas dactilares y direcciones.
La abogada de inmigración Andreina Díaz, de la firma Eagan, explica la situación: "Para cumplir con este registro, la USCIS debe crear un nuevo formulario, pero hasta la fecha no lo ha hecho, generando gran incertidumbre." Esta falta de claridad alimenta la ansiedad en un sector ya vulnerable.
La experta señala que la norma legal obliga a todos los extranjeros mayores de 14 años sin huellas dactilares registradas y con una permanencia superior a 30 días en el país, a participar en este proceso. Díaz advierte sobre la necesidad de verificar la certificación de los abogados contratados para evitar posibles fraudes.
Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de deportación. Si bien "es lo que no se sabe", según la abogada, Díaz aclara que una deportación masiva resulta difícil por la necesidad de procesos judiciales previo: "En Estados Unidos, no importa tu estatus, estás protegido por la Constitución; antes de una deportación, se debe pasar por una corte."
El incumplimiento del registro implica una multa de $1,000 y seis meses de prisión, una sanción que Díaz considera excesiva. La incertidumbre se extiende también al uso de la información recopilada, un dato que por ahora permanece en secreto.
El costo del proceso, que incluye abogados, jueces y una ampliación de la infraestructura judicial, es significativo. Díaz se enfrenta a un dilema ético: "No podemos decirles a nuestros clientes que no se registren, pues se expondrían a las decisiones del Estado, pero tampoco podemos asegurarles que hacerlo está bien".
El marco legal para este registro se sustenta en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, reactivada después de más de 80 años de inactividad, y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952. Ambas leyes, aplicadas en un contexto geopolítico muy diferente al actual, generan dudas sobre su aplicación en el siglo XXI.
La abogada recuerda los derechos constitucionales que protegen a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal:
- Derecho a no compartir su estatus migratorio con la policía.
- Derecho a no ser registrados sin consentimiento o causa probable.
- Derecho a pedir hablar con un abogado.
- Derecho a solicitar estatus de no inmigrante o ajuste de estatus.
- Derecho a recibir libertad condicional humanitaria en caso de emergencia.
La situación actual se complica aún más con los 4 millones de expedientes atascados en las cortes y la venidera expiración de estatus migratorios temporales para venezolanos y otras nacionalidades, lo cual podría sobrecargar aun más al sistema.
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