Mujer condenada por apuñalamiento a novio durante sexo en Uruguay
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Leonora LagardaLos detalles, cuidadosamente ocultos tras las puertas cerradas de las salas de audiencia, prometían un drama humano complejo y lleno de matices. En el centro de la controversia se encontraba una joven pareja, él, quien había terminado su relación, y ella, acusada de apuñalamiento durante un encuentro sexual. La Fiscalía sostenía una versión clara: celos incontrolables, un intento de homicidio premeditado mientras mantenían relaciones. “Un acto de violencia desmedida por una relación rota”, resumía un fiscal en declaraciones extraoficiales a la prensa.
Pero la defensa pintaba un cuadro muy diferente. Argumentaron que la joven era víctima de violencia doméstica, que sufría maltrato físico y psicológico. Se presentaron pruebas que apuntaban a un patrón de comportamiento controlador por parte de su ex pareja: “Él la controlaba, la humillaba, la amenazaba constantemente”, afirmaba su abogada en una entrevista radial. Se presentaron pruebas de agresiones físicas, incluyendo un incidente donde él la roció con gas pimienta, un hecho que ella no negó, alegando legítima defensa ante una agresión previa.
La narrativa de la defensa giraba en torno a un acto de legítima defensa durante la agresión sexual. Se alegó que, en medio de una discusión acalorada que derivó en un forcejeo, ella tomó un cuchillo como mecanismo de supervivencia, no con la intención de matar. Se mencionó un episodio de asfixia que, según la defensa, desencadenó la reacción de la joven, quien posteriormente sufrió una "fuga disociativa", según la pericia psiquiátrica. La evidencia incluía fotos y testimonio de vecinos, lo cual complicaba la determinación de quién actuó en legítima defensa.
En lugar de un juicio oral, se llegó a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. La pena inicial solicitada por la Fiscalía, ocho años por tentativa de homicidio, quedó lejos del resultado final. Finalmente, la mujer fue condenada a 3 años y 4 meses de prisión, con la particularidad de que un año ya fue cumplido en prisión preventiva y seis meses en arresto domiciliario. Esto significa que le restan cumplir 22 meses, 20 de arresto domiciliario total y 2 de arresto domiciliario nocturno, además de realizar servicio comunitario. Como parte de la sentencia, se le prohibió todo contacto con su ex pareja.
El caso, con sus detalles escabrosos y contradicciones, expuso la compleja realidad de la violencia de género, donde las líneas entre agresor y víctima a veces se difuminan, dejando un sabor amargo de justicia negociada, pero a su vez, un final que evita un juicio prolongado y costoso, tanto para la víctima como para el agresor.
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