Crisis en la SSA: amenaza de cierre por disputa legal con DOGE

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La semana ha estado llena de tensión en los pasillos del poder en Washington. Un conflicto legal, aparentemente menor al principio, ha escalado hasta amenazar con paralizar uno de los pilares fundamentales del sistema de bienestar social estadounidense

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Nicol Matuz Scott el 21/03/2025 11:35 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2025 11:40 AM.

El centro de la controversia reside en el acceso a la información. La Administración del Seguro Social (SSA) se encuentra en el ojo del huracán, luego de que una decisión judicial impactara directamente sus operaciones. Se trata de una batalla legal entre la SSA y el Departamento de Gobierno Eficiente (DOGE), creado durante la administración Trump para combatir el fraude gubernamental.

Uniones y grupos de defensa de jubilados presentaron una demanda argumentando que el acceso de DOGE a los datos personales de millones de estadounidenses violaba las leyes federales de privacidad. "Es una clara violación a nuestra intimidad y a las leyes que nos protegen", declaró una fuente cercana a los grupos demandantes a un medio nacional. La jueza de distrito estadounidense, Ellen Hollander, emitió una orden judicial cautelar el pasado jueves, prohibiendo a DOGE el manejo de cualquier dato no anonimizado de la SSA, ordenando además la eliminación de la información ya recopilada.

Esta decisión judicial ha tenido consecuencias inmediatas y de gran alcance. El comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, ha respondido con una amenaza contundente: un posible cierre completo de las operaciones de la agencia. Esto significaría la suspensión del pago de beneficios a más de 73 millones de estadounidenses. Dudek declaró, según reportes de Bloomberg: "Realmente, quiero apagarlo y dejar que los tribunales averigüen cómo quieren manejar una agencia federal".

La Casa Blanca ha calificado el fallo judicial como un "ataque político", con el subsecretario de prensa, Harrison Fields, acusando a una "jueza izquierdista radical" de interferir con la agenda antifraude del presidente. La situación se mantiene tensa, con el futuro de la SSA y los beneficios de millones de personas pendiendo de un hilo. El desenlace de esta disputa legal podría redefinir el equilibrio de poder entre las agencias gubernamentales y el acceso a la información sensible en Estados Unidos.

La complejidad del caso radica en el delicado balance entre la necesidad de combatir el fraude y la protección de la privacidad de los datos personales, un debate crucial para la sociedad moderna y la confianza en las instituciones públicas. Los próximos días serán decisivos para determinar el rumbo de esta crisis.