Reabren centros de detención familiar en Texas: miles de niños en riesgo
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Nicol Matuz ScottEl foco está en Texas, donde se han reabierto dos centros de detención familiar: el Karnes County Residential Center, con capacidad para 530 personas, y el South Texas Family Residential Center, el mayor de los dos, con espacio para 2.400. Estas instalaciones, operadas por empresas privadas bajo contrato con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), suman una capacidad de casi 3.800 personas. Esto representa un cambio significativo con respecto a la política implementada durante la administración Biden.
La reapertura de estos centros, descritos por algunos como “cárceles para bebés”, ha vuelto a encender el debate sobre las condiciones de detención. Si bien el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) asegura que se ofrecen entornos seguros con atención médica, aulas y áreas de esparcimiento, numerosos informes de años anteriores hablan de una realidad muy distinta: atención médica deficiente, malos tratos y traumas psicológicos en niños, particularmente aquellos sometidos a estancias prolongadas. La imagen de un centro rodeado de vallas y bajo vigilancia constante contrasta fuertemente con la promesa de un ambiente residencial.
¿Quiénes son los afectados? Las familias detenidas actualmente provienen de diversos países, incluyendo Colombia, Rumania, Irán, Angola, Rusia, Armenia, Turquía y Brasil. Algunos cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México o entre Estados Unidos y Canadá; otros fueron arrestados en recientes redadas en territorio estadounidense. Algunos incluso llevaban hasta 10 años viviendo en el país antes de ser detenidos.
Bajo la nueva política, corren riesgo de detención:
- Solicitantes de asilo.
- Familias indocumentadas.
- Familias sujetas a expulsión acelerada.
- Individuos con órdenes de deportación previas.
El Acuerdo Flores de 1997, que establece normas para la detención de niños inmigrantes, exige un entorno "menos restrictivo" y la entrega rápida de los niños a sus padres o tutores. La reapertura de los centros genera preocupación sobre posibles desafíos o evasiones a este acuerdo. Grupos defensores de migrantes califican la situación como “inhumana, injusta e innecesaria”, señalando el daño psicológico a los niños y la imposibilidad de los padres para brindarles un ambiente adecuado.
La reapertura de estos centros y el impacto en la vida de los menores representa una problemática compleja con implicaciones de largo alcance, que trasciende la simple cuestión de la inmigración. El futuro de estas familias, aún se encuentra incierto.
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