Nueva York: la batalla legal por los derechos de los inmigrantes

El corazón de la cuestión radica en la interacción entre las autoridades locales y federales. La Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la piedra angular de la política migratoria de Nueva York. Esta enmienda, según interpreta el estado, limita la capacidad del gobierno federal para obligar a las entidades locales a ejecutar leyes federales, incluyendo las migratorias. “Nueva York no será intimidado para violar la ley y cumplir con una promesa de campaña de deportaciones masivas”, declaró la fiscal general Letitia James, estableciendo la postura oficial.
Esto se traduce en una serie de restricciones a la cooperación policial con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Las “retenciones migratorias” del ICE sin una orden judicial son consideradas ilegales en Nueva York, basándose en fallos judiciales que citan la Cuarta Enmienda. Ejemplos de estas detenciones ilegales incluyen:
Sin embargo, el panorama no es estático. Dos proyectos de ley, el Senate Bill S4538 ("BUILD Act") que busca ampliar el acceso a la representación legal para inmigrantes en proceso de deportación, y el Assembly Bill A5467 que propone expandir la colaboración con el ICE a través del programa 287(g), están en debate, dibujando un futuro incierto para la política migratoria del estado. El primero busca fortalecer la protección, mientras que el segundo busca una mayor colaboración con las autoridades federales. Estos proyectos ilustran la tensión entre los diferentes enfoques en la gestión de la inmigración en Nueva York.
La posición de la fiscal general James permanece constante: “Siempre defenderé nuestras leyes y protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes.”