Inmigración: la verdad tras las cifras oficiales de Trump

En las primeras semanas de la administración Trump, la Casa Blanca y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) anunciaron con bombos y platillos la detención de 72 migrantes indocumentados con antecedentes penales. El presidente, junto con figuras clave como Tom Homan (entonces jefe de Operaciones de ICE) y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional), se atribuyeron el mérito de limpiar las calles de "delincuentes". Las imágenes de los arrestados, en uniformes color naranja, inundaron las redes sociales, acompañadas de listas parciales de sus crímenes. Se les presentaba como "algunos de los peores".
Sin embargo, una investigación del Washington Post arroja una luz distinta sobre estos arrestos. Se revela que al menos 36 de los 72 migrantes, es decir, la mitad, ya se encontraban presos en cárceles estatales o locales al momento de su "detención" por parte del ICE. Otros 17 estaban en libertad condicional o bajo libertad vigilada tras cumplir condenas. Al menos una docena, y posiblemente más, habían sido deportados con anterioridad, algunos hasta en cuatro ocasiones.
Un caso emblemático es el de Ever Villafañe Martínez, un ex narcotraficante colombiano condenado a cadena perpetua en 2009 por tráfico de cocaína. Su arresto, anunciado por la Casa Blanca en febrero, no fue una nueva captura, sino la transferencia a custodia de inmigración para su deportación luego de una reducción de su condena a 240 meses.
La investigación del Post señala que un porcentaje similar de los casi 17,000 arrestos de inmigrantes realizados durante el mismo periodo se encontraban ya encarcelados. Las fotografías oficiales, con reos vestidos con uniformes de prisión o en fondos de muros de bloques de cemento, parecen confirmar estas sospechas. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en marzo de 2017 que el ICE había arrestado aproximadamente a 33,000 inmigrantes en ciudades y pueblos de Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo, pero no ha publicado todos los nombres ni detalles completos.
Expertos como Doris Meissner, comisionada de inmigración durante la administración Clinton, critica la práctica de arrestar a personas antes de que sus casos penales concluyan. "Se están subvirtiendo los objetivos del sistema de justicia penal", señala Meissner, quien destaca la necesidad de respetar el debido proceso y las consecuencias para las víctimas.