Corte Suprema autoriza deportaciones con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978
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Nicol Matuz ScottEl foco principal se centra en la decisión de la Corte Suprema, que el lunes pasado, permitió a la administración Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos. Esta ley, remanente de una época de conflictos bélicos, ha sido activada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
La clave está en los matices. Si bien la Corte avaló el uso de esta ley, impuso una condición crucial: los venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, en este caso, el Tren de Aragua, deben tener derecho a una audiencia judicial antes de su deportación. Este detalle, sin embargo, ha generado un nuevo campo de batalla legal.
La decisión, dividida 6-3, ha sido fuertemente criticada por los jueces liberales. La jueza Sonia Sotomayor, en su disidencia, expresó su preocupación por la dificultad que enfrentarán los migrantes para defenderse individualmente, especialmente considerando que el gobierno ha admitido en otro caso la posibilidad de deportaciones erróneas a la infame prisión en El Salvador. “Deberíamos ser mejores que esto, como Nación y como corte de justicia”, escribió la jueza Sotomayor.
La polémica se intensifica al considerar que la decisión llega tras vuelos que deportaron a cientos de venezolanos sin esta audiencia previa, violando según los jueces liberales, la misma orden que la Corte Suprema ahora impone. La administración Trump, por su parte, se ha defendido utilizando el argumento de la seguridad nacional y la necesidad de proteger las fronteras.
El juez James E. Boasberg, del tribunal federal de Washington, fue el primero en bloquear las deportaciones y ordenar el regreso de los vuelos. La administración Trump, sin embargo, se ha negado a cooperar plenamente, invocando un privilegio de "secretos de Estado". Esto ha generado una respuesta inesperada: llamadas al juicio político contra el juez Boasberg, rechazadas por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien emitió una declaración inusual en la que calificó dicho pedido como inapropiado.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representa a los migrantes en este caso, argumentando que el debido proceso debe ser respetado. Mientras tanto, Donald Trump celebra la decisión de la Corte Suprema como una victoria para la ley y el orden.
El caso sigue abierto, y deja expuestas las profundas divisiones políticas y judiciales en torno a la inmigración y el uso de leyes con siglos de antigüedad en un contexto moderno y complejo. Las ramificaciones de esta decisión podrían tener un impacto significativo en la política migratoria durante años.
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