Juez recomienda no dar dirección al declarar impuestos por miedo a deportación

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha llegado a un acuerdo con las autoridades de inmigración, específicamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite el intercambio de información personal de contribuyentes indocumentados. Este acuerdo implica que el DHS puede solicitar al IRS información sobre individuos bajo investigación criminal, y el IRS debe proporcionar dicha información. La consecuencia directa: la localización de inmigrantes indocumentados se facilita considerablemente al tener acceso a datos como direcciones de domicilio y trabajo.
Este cambio ha generado preocupación entre los expertos en inmigración. Alex Galvez, fundador de Immigration Law Practices en Los Ángeles, ha advertido públicamente sobre las implicaciones de este acuerdo. En declaraciones a Telemundo Noticias, Galvez señaló la contradicción en las leyes de Estados Unidos: "Ellos no quieren que los indocumentados estén aquí, pero si estás aquí, es mejor que trabajes y presentes tus impuestos".
Galvez recomienda a los contribuyentes indocumentados tomar precauciones. Entre sus sugerencias se encuentran: consultar con contadores, solicitar una extensión para la presentación de impuestos, y, quizás la más relevante, omitir la dirección de casa en la declaración de impuestos, utilizando una alternativa más segura para evitar una posible deportación. "Les digo a mis clientes que tal vez una buena idea sea no compartir su dirección de casa y usar una diferente que pueda ser una opción más segura para que no estén expuestos a una posible deportación", explicó Galvez.
La cifra de $96.7 mil millones de dólares pagados en impuestos federales, estatales y locales por inmigrantes indocumentados en 2022, según el Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP), se contrapone a este escenario. De esta cantidad, aproximadamente $57 mil millones corresponden a impuestos donde la falta de cumplimiento es más probable. Esta situación se complica aún más para aquellos con antecedentes penales, órdenes de deportación o bajo investigación, quienes se encuentran en mayor riesgo.
Galvez destaca la falta de claridad y transparencia en el nuevo acuerdo, enfatizando la necesidad de evitar un posible abuso de poder por parte del ICE. El impacto a largo plazo de este acuerdo, y su efecto en la presentación de impuestos por parte de la comunidad inmigrante indocumentada, aún están por verse.