FBI detiene a jueza en Wisconsin por presunta obstrucción en caso migratorio
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Nicol Matuz ScottEl foco de atención se centra ahora en Wisconsin, donde eventos recientes han sacudido al sistema judicial. Se ha confirmado la detención de la jueza de primera instancia, Hanna Dugan, por parte del FBI. Según reportes, la acción se debe a una investigación que apunta a una presunta obstrucción a la captura de un migrante mexicano, Eduardo Flores Ruiz.
Aunque el director del FBI, Kash Patel, inicialmente anunció la detención en la plataforma X, posteriormente borró la publicación. Sin embargo, medios locales han corroborado la noticia y reportan que la jueza permanece bajo custodia federal. Por el momento, se desconocen los cargos específicos que se le imputan.
Este incidente se enmarca dentro de un conflicto mayor entre el gobierno de Donald Trump y la judicatura federal, generado principalmente por las políticas migratorias de la administración. Diversos jueces han fallado en contra de medidas gubernamentales enfocadas en acelerar las deportaciones, incluyendo el controvertido uso de la "Ley de Enemigos Extranjeros" del siglo XVIII para enviar migrantes, mayoritariamente venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
La Casa Blanca ha respondido a estas decisiones judiciales con fuertes críticas, calificando las acciones de los jueces como "subordinadas". Este enfrentamiento ha llegado incluso al Tribunal Supremo, que recientemente intervino para ordenar una pausa temporal en las expulsiones hacia El Salvador, luego de que el gobierno ignorara previas sentencias que exigían notificaciones y plazos razonables para apelaciones.
El envío de más de 200 migrantes a una prisión de alta seguridad en El Salvador, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como "desaparición forzada", ha generado una intensa controversia internacional. El gobierno argumenta vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), pero investigaciones periodísticas contradicen esta afirmación, indicando que la mayoría de los deportados carecen de antecedentes penales.
El acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Bukele, que implica el envío de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, a cambio de una inversión de 6 millones de dólares anuales para el sistema carcelario salvadoreño, añade otra capa de complejidad a este asunto. Los detalles específicos de este acuerdo permanecen en gran parte desconocidos.
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