Tribunal frena políticas clave de Trump: impacto en elecciones, inmigración y DEI

En el ámbito de la educación, la aplicación de las políticas anti-DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) del gobierno de Trump ha recibido importantes golpes. Jueces federales en Nueva Hampshire, Maryland y Washington D.C. han bloqueado diferentes partes de estas directrices, incluyendo memorandos que buscaban erradicar prácticas consideradas como discriminatorias. Esto sucede a solo días de un plazo establecido por el Departamento de Educación, creando una situación de incertidumbre para las instituciones educativas.
El proceso electoral también se encuentra en el ojo del huracán. Una jueza federal, Colleen Kollar-Kotelly, ha frenado la implementación inmediata de cambios en el proceso electoral propuestos por la administración Trump, argumentando que la Constitución reserva este poder al Congreso y a los estados, no al presidente. La jueza enfatizó que el Congreso ya está trabajando en una legislación similar. Sin embargo, "otras partes de la amplia orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones en Estados Unidos...incluida una directriz para endurecer los plazos de las boletas por correo— avanzaran por ahora", según la resolución.
La política migratoria del gobierno tampoco ha escapado a la judicialización. El caso más notable es la apelación del gobierno tras la prohibición de deportaciones masivas en Colorado, basada en una ley de 1798. Los abogados de Trump argumentan falta de jurisdicción, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros contra la pandilla venezolana "Tren de Aragua" como justificación. Paralelamente, otras decisiones judiciales ordenan la repatriación de migrantes deportados, incluyendo a un joven venezolano identificado como Cristian y el salvadoreño Kilmar Ábrego García, basados en violaciones a acuerdos previos y el "tiempo razonable" que la Corte Suprema ha ordenado para la defensa legal. En un documento judicial, se revela que los migrantes enfrentados a la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros solo disponen de aproximadamente 12 horas para decidir sobre su defensa, lo que contrasta con declaraciones previas del gobierno de 24 horas.
Adicionalmente, un juez federal en San Francisco ha bloqueado la suspensión de fondos federales a ciudades santuario, considerando inconstitucionales las órdenes ejecutivas del gobierno.
Finalmente, la prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas también enfrenta un desafío legal. El gobierno de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita su implementación, luego de una orden judicial que la mantiene bloqueada a nivel nacional.
La complejidad de estas disputas legales, su alcance y las diversas apelaciones presentadas auguran un largo y tortuoso camino antes de que se alcance una resolución definitiva.