Miedo a la deportación bloquea acceso a salud en Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottUn reciente informe de Physicians for Human Rights (PHR), basado en una encuesta nacional a 173 profesionales de la salud, revela una realidad alarmante. El temor a la deportación está impidiendo que muchos inmigrantes, e incluso ciudadanos estadounidenses en familias con estatus mixto, busquen atención médica necesaria. El estudio, titulado "Consecuencias del Miedo: Cómo las políticas y la retórica de inmigración de la administración Trump bloquean el acceso a la atención médica", apunta directamente a las políticas implementadas durante la administración Trump y su persistente impacto.
Según la Dra. Katherine Peeler, asesora médica del informe y citada en el Miami Herald, "Los pacientes están perdiendo citas y atención críticamente importante. Los que sí se presentan llegan con etapas más avanzadas de enfermedad o lesión." Se están omitiendo citas médicas, evitando las salas de emergencia y retrasando la atención hasta que las condiciones se vuelven graves. Este efecto escalofriante se extiende a personas con diversos estatus migratorios, incluyendo titulares de tarjetas verdes, titulares de visas e incluso ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados. Los niños son particularmente vulnerables, con padres que rechazan la atención de seguimiento por temor al contacto con funcionarios de inmigración.
El informe detalla cómo las políticas, sumadas a la cobertura mediática de redadas y amenazas de deportaciones masivas, han generado un clima de incertidumbre y miedo en las comunidades inmigrantes. Pero hay una luz en este panorama sombrío: la telemedicina. Si bien se presenta como una herramienta para mitigar riesgos al permitir atención a distancia, el PHR reconoce sus limitaciones y la imposibilidad de sustituir completamente la atención en persona.
Para abordar este problema, el PHR recomienda acciones concretas a nivel federal, estatal e institucional. Estas incluyen:
- Codificar la política de "lugares sensibles" para proteger legalmente a los hospitales de las acciones de inmigración.
- Garantizar la plena aplicación de las regulaciones de EMTALA que garantizan la atención de emergencia independientemente del estatus.
- Mejorar la capacitación del personal para proteger los derechos de los pacientes.
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