ICE usa datos de licencias de conducir en Puerto Rico para rastrear a inmigrantes

Recientemente, ha surgido una controversia que pone en entredicho la confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales. Se trata de la situación que involucra a ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y el Departamento de Transporte de Puerto Rico. El epicentro del conflicto radica en la Ley 2013 que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir.
Según información obtenida por Univision Noticias y confirmada por el diario El Nuevo Día, ICE solicitó al Departamento de Transporte de Puerto Rico una lista de individuos sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, utilizando una citación judicial (subpoena). Esta solicitud, realizada a finales de enero de 2025, resultó en la entrega de datos a ICE entre febrero y marzo del mismo año, afectando aproximadamente a 6,000 personas.
Esta acción ha generado una ola de preocupación entre organizaciones de derechos civiles, como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), cuya directora ejecutiva, Annette Martínez, lo calificó como "una contradicción brutal que una legislación que se hizo para proteger los derechos de los inmigrantes en Puerto Rico ahora se utilice para identificar a esos inmigrantes y entregarlos a las manos de agentes federales".
La preocupación no se limita únicamente a la entrega de datos. Abogados como Julie Cruz, especialista en inmigración y profesora de Derecho Migratorio, han reportado casos de inmigrantes que, tras obtener sus licencias, fueron visitados por ICE en sus hogares. “Hemos tenido reportes de personas que han ido a solicitar la licencia porque entienden que tienen ese derecho, y a la semana van a la casa directamente para decirle (...) tienes una cita ante las autoridades migratorias”, declaró Cruz.
El alcance de esta situación es aún más amplio. El Migration Policy Institute advierte sobre una práctica a "una escala sin precedente" por parte del gobierno federal, buscando información en bases de datos federales, estatales y locales, incluyendo el Seguro Social y el IRS. En Puerto Rico, la situación se agrava por la posible automatización del intercambio de información entre el Departamento de Transporte, el Departamento de Justicia y la Policía, según lo detalla Daniel Alcalá, abogado experto en Derecho Criminal y profesor de la Universidad de Albany. Alcalá también alerta sobre el uso de sistemas de cámaras que podrían rastrear el movimiento de los vehículos, vinculando la información de las licencias de conducir con los datos de ubicación.
Mientras tanto, Rebecca González, agente especial encargada de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico, afirma que su "misión" es detener a los inmigrantes indocumentados en la isla. La agencia ha arrestado a 563 personas en lo que va del año, 85 catalogadas como "criminales". La colaboración entre el gobierno de Puerto Rico y ICE continúa, sin acuerdos formales como el programa 287(g).