La postura de la mandataria se basa en un argumento central: la juez no tiene la autoridad para solicitar la eliminación de la publicación.
Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuáles son las implicaciones de ignorar una orden judicial? La presidenta Sheinbaum ha argumentado que la jueza no está por encima del pueblo de México, y que su acción carece de sustento jurídico. Además, ha enfatizado que la publicación de la reforma en el Diario Oficial es una orden del poder legislativo, no una decisión ejecutiva.
Sheinbaum considera que la orden judicial no tiene sustento jurídico y no procederá a bajar la publicación. Esto significa que la controversia legal recién comienza, y las consecuencias de esta decisión podrían tener un impacto significativo en el balance de poderes entre el ejecutivo y el judicial.
La jueza podría dar vista al Ministerio Público y acusar a la presidenta de un delito por no acatar la orden judicial. Sin embargo, Sheinbaum se mantiene firme en su postura, confiando en la legalidad de su acción.
Este evento ha generado un debate sobre la interpretación de la ley y la aplicación del derecho. La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial se intensifica, y el desenlace de esta controversia podría tener repercusiones en el sistema político mexicano.