Acciones como la restauración de más de 2,000 luminarias y la realización de jornadas de bienestar, que han beneficiado a más de 50,000 familias, reflejan un esfuerzo coordinado para mejorar la calidad de vida y reducir la inseguridad en una de las ciudades más complejas del país.
El caso de Tijuana demuestra que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es esencial para lograr resultados tangibles en materia de seguridad. Sin embargo, la presidenta enfatizó que esta tarea debe ser constante y no un esfuerzo aislado. La seguridad requiere de un enfoque integral, que combine la atención a las causas estructurales con la cero impunidad, y que cuente con la participación activa del Poder Judicial, las fiscalías y la ciudadanía.
El reto es replicar estos avances en otras ciudades con problemáticas similares. Iniciativas como los “caminos de paz”, que combinan mejoras urbanas con elementos culturales como murales, pueden convertirse en un modelo a seguir para otras localidades. No obstante, es fundamental garantizar que los recursos destinados a estas acciones se utilicen de manera eficiente y transparente, promoviendo una verdadera transformación en las comunidades más afectadas por la violencia.