Pero, ¿qué ocurre cuando esa tensión se transforma en algo más grave? Hablamos del mobbing o acoso laboral, un fenómeno que, según el colectivo TrabajadorEsMx, afecta al 23% de la población mexicana. Esta cifra, revelada a través de su cuenta en X (antes Twitter), deja al descubierto una realidad alarmante que impacta la salud física y mental de miles de trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso laboral como “una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados”. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) amplía esta definición, señalando que se caracteriza por acciones destinadas a intimidar, excluir o amedrentar a la víctima, causando daño físico, psicológico, económico y laboral. Y lo más preocupante: puede darse en cualquier nivel jerárquico.
Existen tres tipos principales de acoso laboral:
- Acoso ascendente: empleado de menor rango hostiga a su superior.
- Acoso horizontal: entre trabajadores del mismo nivel.
- Acoso descendente: superior hostiga a su subordinado. Este es el tipo más común, frecuentemente usado para forzar renuncias y evitar pagos de liquidación.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 3º Bis, define el hostigamiento o acoso laboral y lo prohíbe explícitamente, estableciendo sanciones para empleadores que lo permitan o cometan. Estas sanciones pueden llegar a ser de entre 250 y 5000 veces el salario mínimo.
Para quienes sufren esta situación, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece apoyo. Puedes contactarlos a través de los teléfonos 800 911 7077 u 800 717 29 42, o por correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx. La protección legal existe, y conocer tus derechos es el primer paso para enfrentar esta problemática.
El impacto del acoso laboral trasciende el ámbito individual; afecta la productividad de las empresas y el bienestar general de la fuerza laboral mexicana. La comprensión de este fenómeno y el acceso a canales de denuncia son cruciales para construir entornos laborales más justos y seguros.