La incertidumbre planea en el aire, una tensión que se respira entre los murmullos y las conversaciones apresuradas. Este viernes, a las 11:00 horas, la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Agua y Saneamiento (IMA) decidirá sobre el futuro del transporte público en la ciudad. En juego está un posible aumento en las tarifas, pasando de $15 a $17 pesos con incrementos mensuales hasta llegar a los $20 pesos en efectivo para agosto de 2026. Esta decisión, que parece una simple cifra, genera una ola de inconformidad entre los usuarios.
Alrededor de una veintena de personas se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Sus pancartas, con lemas como "No al Tarifazo", "No tenemos más dinero" y "Tarifas Sociales Ya", reflejan el sentir de quienes ven en este incremento un duro golpe a su economía. "Gastamos mucho más de lo que usted en un restaurante, nosotros ganamos menos de lo que se gasta en un restaurante, nosotros no tuvimos una navidad feliz como la tuvo usted," comentó Julio Ovalle, uno de los manifestantes, dirigiéndose directamente al gobernador Samuel García Sepúlveda.
Ovalle, junto con otros usuarios, no descartan acciones legales. "Buscaríamos la manera... a través de ella y demás diputados que sabemos también los va a haber, les decimos que muestran el apoyo al ciudadano, que no lo hagan partidista y que no le levanten la mano al gobernador nada más para que les dé otro hueso más," explicó, refiriéndose a una diputada que, según él, apoya su causa. La posibilidad de solicitar amparos o subsidios gubernamentales también se encuentra sobre la mesa.
Las consecuencias de esta decisión trascienden el simple precio del pasaje. Se habla de un impacto directo en la vida cotidiana de miles de ciudadanos, especialmente de aquellos con menores ingresos, quienes se ven obligados a destinar una mayor parte de sus recursos a su traslado diario. La incertidumbre sobre el futuro del transporte público en Monterrey permanece, mientras la presión ciudadana busca hacerse oír ante las autoridades.