En las últimas semanas, se ha intentado armar una parte específica de ese rompecabezas, la relacionada con la gasolina y la inversión pública.
El escenario: la conferencia matutina del 3 de enero de 2025. La protagonista: Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó un panorama de la situación económica de su gobierno. Se habló de cifras impresionantes: 800 mil millones de pesos destinados a inversión pública, y otros 800 mil millones para programas de bienestar. Suena prometedor, ¿verdad?
Pero, ¿de dónde sale tanto dinero? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La presentación oficial se quedó corta en detalles sobre la asignación de recursos dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su financiamiento. Se mencionó un déficit fiscal, lo que añade una capa de incertidumbre al asunto. La falta de especificación en los proyectos concretos genera dudas sobre la viabilidad de estas ambiciosas promesas.
El tema de la gasolina fue otro punto central. Se resaltó el éxito en mantener sus precios por debajo de la inflación, gracias a "un mecanismo de compensación, no un subsidio directo", que utiliza estímulos fiscales al IEPS. Si bien se presentaron cifras que muestran una disminución del precio real de la gasolina y el diésel en comparación con administraciones anteriores, la información parece incompleta. ¿Qué costos ocultos existen? ¿Cómo se está reorientando el gasto público? ¿Es sostenible a largo plazo este modelo de estímulos fiscales?
El discurso triunfalista de la mañanera contrasta con la realidad de la informalidad económica en México. Si bien se mencionó la intención de formalizar el trabajo, la falta de datos concretos y de un plan integral para atacar el problema del sector informal – que representa el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) – deja una brecha entre la retórica gubernamental y la situación real.
En resumen, la información proporcionada, aunque busca proyectar transparencia, ofrece una perspectiva parcial de la situación económica. La falta de información detallada, el silencio sobre la sostenibilidad de las políticas a largo plazo y la ausencia de un plan para solucionar los problemas estructurales de la economía mexicana, generan un cierto escepticismo. La demanda por mayor detalle y transparencia en la administración de recursos públicos es, sin duda, una necesidad apremiante.