El centro de la controversia: un nuevo arancel del 19% impuesto a productos provenientes de plataformas de comercio electrónico de países sin tratados comerciales con México. Este impuesto, que entró en vigor el 1 de enero, afecta directamente a gigantes como Shein y Temu, ambas con sede en China.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a defender la medida. Según Sheinbaum, “no es lo mismo que una persona, que un individuo, pida una pieza, a que ya se traigan piezas para su venta.” Su argumento se centra en la diferencia entre compras individuales y la importación masiva para reventa, práctica que, según denuncia, está perjudicando a las empresas textiles mexicanas.
Sheinbaum destaca que muchas empresas familiares del sector textil han tenido que cerrar sus puertas debido a la competencia desleal generada por la importación masiva de productos a través de estas plataformas. Este arancel, argumenta, busca nivelar el campo de juego y fortalecer la industria textil nacional.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado un incremento en las inspecciones aduaneras para asegurar el cumplimiento de esta nueva regulación. Esta medida se inserta en una estrategia más amplia del gobierno mexicano contra el contrabando, como lo demuestra la reciente confiscación de 3 millones de piezas de mercancía introducida ilegalmente, mayoritariamente de origen asiático.
Sin embargo, esta política no está exenta de controversias. México enfrenta presiones de sus socios comerciales del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), quienes acusan al país de facilitar el ingreso de productos chinos a Norteamérica, actuando como un “trampolín” para el comercio asiático.
La implementación de este arancel y las consecuencias que traiga, tanto para los consumidores mexicanos como para la industria nacional, se mantendrán bajo escrutinio en los próximos meses.