La efectividad de cualquier estrategia de seguridad depende, en gran medida, de la capacidad del sistema para reintegrar a la sociedad a quienes han cumplido sus sentencias.
La reciente conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada el 3 de enero de 2025, tocó superficialmente este tema espinoso, heredado de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Si bien la mandataria reconoció la necesidad de reformar el sistema penitenciario mexicano, su respuesta fue, según muchos analistas, insuficiente y decepcionantemente vaga. La promesa de una futura conferencia con el secretario de Seguridad y el responsable de los centros de detención para detallar un supuesto "plan" dejó a la ciudadanía con más interrogantes que respuestas.
La periodista Olga Ojeda ha dado a conocer denuncias preocupantes sobre la realidad dentro de algunas prisiones mexicanas. Sus investigaciones revelan la existencia de "autogobiernos" en ciertas cárceles y la concesión de privilegios indebidos a reclusos de alto perfil. Estas situaciones ilustran la profundidad de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario.
Más allá de los casos específicos, existen problemas sistémicos que requieren atención inmediata. Se necesita:
- Mayor inversión en infraestructura en varios estados del país.
- Aumento significativo del personal capacitado en las prisiones.
- Mejoras drásticas en las condiciones de reclusión en muchos centros penitenciarios.
La falta de detalles concretos sobre plazos, recursos y mecanismos para la supuesta implementación del “plan” genera un escepticismo considerable sobre la verdadera voluntad política del gobierno para abordar la compleja crisis carcelaria en México. El silencio gubernamental en torno a estos puntos cruciales deja un vacío informativo significativo.