La conferencia matutina del 6 de enero de 2025, protagonizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un espacio a analizar los precios de la gasolina. Iván Escalante, de Profeco, presentó una gráfica comparativa de los últimos tres sexenios, mostrando una aparente disminución de los precios durante la administración de AMLO. Sin embargo, la metodología empleada —precios reales ajustados por inflación proyectados a valores de 2025— ha desatado una ola de críticas.
El uso de precios reales, aunque legítimo en economía, permite una interpretación sesgada. Al proyectar los datos históricos, el impacto de los aumentos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se minimiza visualmente, mientras que la reducción bajo el gobierno actual se magnifica. La ausencia de una gráfica con precios nominales es, para muchos analistas, una omisión crucial que impide una comparación objetiva y completa. ¿Es esto transparencia o una estrategia de comunicación?
Otro punto controvertido radica en el análisis de las gasolineras. Se presentaron ejemplos de establecimientos con márgenes de ganancia considerados “razonables”, contrastándolos con otros señalados como “abusivos”. La falta de detalles, sin embargo, genera desconfianza. ¿Qué tamaño tenía la muestra? ¿Cómo se seleccionaron las gasolineras? ¿Se consideró la distribución geográfica? Estas interrogantes ponen en duda la representatividad del estudio y la posibilidad de una selección sesgada, favoreciendo una narrativa política preestablecida.
La información disponible presenta una imagen incompleta. Se necesitan datos adicionales, una metodología más transparente y un análisis independiente para determinar si las fluctuaciones de precios reflejan una verdadera política de regulación o una estrategia de comunicación política. La ausencia de estos elementos alimenta las dudas sobre la veracidad y alcance de las conclusiones presentadas.
Más allá de las gráficas y las cifras, la discusión sobre el precio de la gasolina en México sigue abierta, y con ella, la necesidad de una mayor transparencia y un análisis objetivo que permita a los ciudadanos formar su propia opinión, basada en datos concretos y verificables.