La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al respecto, defendiendo la medida como herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado. Según sus palabras, “la prisión preventiva oficiosa no implica un régimen de excepción, sino que se aplica a delitos específicos, siempre con pruebas suficientes ante un juez”. Esta declaración, sin embargo, abrió un debate complejo.
El núcleo de la controversia radica en la aplicación práctica de esta medida. Muchos cuestionan si la presentación de pruebas suficientes se verifica realmente antes de la detención, o si se utiliza como mecanismo para detener a sospechosos antes de un juicio justo. Esta práctica genera preocupaciones sobre posibles abusos del debido proceso y la violación de la presunción de inocencia, un principio fundamental del estado de derecho.
Sheinbaum argumentó que la prisión preventiva protege a los jueces de la presión de grupos delictivos. Sin embargo, esta defensa no responde a la inquietud principal: ¿cómo se garantiza la presunción de inocencia si se encarcela a individuos antes de una condena? La simple afirmación de que existe un marco legal no es suficiente para disipar las dudas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado fuertes reservas, documentando casos donde la prisión preventiva oficiosa parece ser utilizada para silenciar voces disidentes y criminalizar la oposición. Este punto es reforzado por un informe del Instituto de Variedades de la Democracia, que clasifica a México en una “zona gris” democrática, señalando la militarización de la policía y la prisión preventiva oficiosa como factores contribuyentes a este retroceso.
El informe, citado durante la conferencia, presenta una perspectiva externa que complementa las preocupaciones sobre el tema. Se destaca la necesidad de un análisis más profundo, alejado de las respuestas genéricas y los ataques a los críticos, como los que ofreció la presidenta Sheinbaum al calificar las preocupaciones como una "incomprensión de la transformación del país".
La falta de respuestas contundentes a las críticas, genera una gran incertidumbre sobre la verdadera aplicación y los efectos de la prisión preventiva oficiosa en la justicia mexicana.