Sus declaraciones apuntan a una red de irregularidades en la gestión de proyectos de vivienda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con consecuencias devastadoras.
La investigación, basada en información de las “Mañaneras del Pueblo”, se centra en tres programas de financiamiento: FERUV, Crédito Integral Total y Crédito Integral. Estos programas, impulsados por las direcciones sectoriales empresarial y de trabajadores del Infonavit, canalizaron miles de millones de pesos a desarrolladores que, según la Presidenta, incumplieron sus obligaciones. El resultado: cientos de miles de viviendas inconclusas o con graves defectos, un impacto económico brutal y la violación de la confianza depositada en el Infonavit.
"La falta de supervisión fue escandalosa," aseguró la Presidenta, "y se agravó al confiar la administración de recursos a SOFOMES sin la debida regulación." Esta falta de control permitió la opacidad, desviación de fondos y la ausencia total de rendición de cuentas.
Se mencionaron ejemplos concretos, como los casos de Crédito para Ti y Solimex, dos SOFOMES con presuntos conflictos de interés y vínculos con funcionarios del Infonavit. Estas entidades recibieron financiamiento para proyectos que nunca se materializaron, enriqueciéndose con las comisiones mientras familias mexicanas quedaron sin hogar.
El gobierno actual afirma estar trabajando para remediar la situación. Se han congelado millones de créditos con sobrecostos para los derechohabientes, pero la magnitud del daño es inmensa. Se añade a la complejidad la ausencia de fiscalización de las declaraciones patrimoniales de las direcciones sectoriales del Infonavit, lo que profundiza la opacidad del asunto.
Aunque se han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la incertidumbre permanece. La investigación para determinar responsabilidades y evitar que esto se repita es crucial. La revelación de estos hechos plantea serias dudas sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en el Infonavit.
La lista de afectados es larga, y el camino hacia la justicia, aún largo. El impacto de esta crisis en la confianza pública es innegable, dejando un amargo sabor de boca y la necesidad de reformas profundas en el sistema.