El gobierno federal, bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó recientemente un balance de las acciones del Gabinete de Seguridad. Los datos, expuestos en la conferencia matutina del 9 de enero de 2025, son impactantes: se reportaron 7,720 detenciones por delitos de alto impacto. A esto se suma el aseguramiento de más de 66 toneladas de droga, incluyendo una cantidad significativa de fentanilo, y la confiscación de más de 3,600 armas de fuego.
Además, se destacó una disminución del 16.3% en homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024, comparado con datos del INEGI entre 2018 y 2024. "Estos resultados son producto de una estrecha coordinación entre las instituciones", afirmó el gobierno, atribuyéndolos a la estrategia de seguridad de cuatro ejes planteada durante la campaña presidencial.
Sin embargo, la narrativa oficial genera debates. Mientras que la reducción en homicidios y el aseguramiento de armas y drogas son avances significativos, la falta de un análisis profundo de las estrategias genera dudas. La información ofrecida, si bien cuantitativamente robusta, carece de contexto cualitativo. El aumento en la extorsión y la persistencia de una alta percepción de inseguridad en diversas zonas del país, contrastando con las cifras presentadas, plantea interrogantes.
El informe menciona mejoras en estados como Sinaloa y Acapulco, pero no profundiza en las causas. ¿Se debe a las nuevas estrategias o a fluctuaciones propias de la dinámica del crimen organizado? Esta pregunta, crucial para la evaluación de la efectividad del Gabinete, permanece sin una respuesta contundente. La falta de detalles sobre la metodología de recolección y análisis de datos, sumada al retraso en la publicación de datos por parte del INEGI, aumenta la incertidumbre.
La presentación se centra en datos cuantitativos, dejando de lado un análisis cualitativo que abarque la complejidad del problema. Detenciones y aseguramientos son indicadores relevantes, pero no reflejan la totalidad del panorama: las causas estructurales de la violencia, la impunidad y la falta de confianza en las instituciones permanecen como desafíos importantes. La estrategia de construcción de paz y los programas sociales mencionados, parecen una pieza complementaria que no se integra con la información sobre resultados de detenciones y aseguramientos.
Finalmente, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el tráfico de armas hacia México añade un elemento preocupante. El reconocimiento de la procedencia estadounidense de un alto porcentaje de armas utilizadas en homicidios en México resalta la necesidad de una cooperación internacional más robusta, poniendo de manifiesto las limitaciones de las estrategias actuales para combatir el problema.