Crisis hídrica en México: El plan nacional y la desigualdad
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El Diario de SonoraEste contraste se agudiza cuando analizamos las promesas del nuevo Plan Hídrico Nacional.
La presentación del plan, durante la mañanera del 15 de enero de 2025, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pintó un panorama ambicioso: beneficiar a más de 31 millones de mexicanos. Pero, ¿cómo lograrlo? Ahí es donde surgen las dudas.
La mandataria atribuyó los problemas actuales a la "reforma de los noventa que mercantilizó el agua", reconociendo la urgencia de la situación. Mencionó casos desgarradores: comunidades pagando hasta 8000 pesos mensuales por pipas de agua potable. Sin embargo, la profundidad del análisis dejó mucho que desear.
Un ejemplo preocupante llegó desde San Agustín de la Ciaca, Hidalgo. Un ciudadano denunció la explotación ilegal del recurso hídrico por un particular sin concesión, cobrando por el agua a la población. Esta situación, lejos de ser un caso aislado, refleja una falta de control y transparencia en la gestión del agua, un punto crucial que el plan parece eludir.
La respuesta presidencial al "huachicoleo" del agua –"poner orden en los registros"– suena insuficiente ante la magnitud del problema. Similarmente, las menciones de las dificultades en comunidades afro-mexicanas de Guerrero y Oaxaca, afectadas por inundaciones e irrigación deficiente, quedaron en simples menciones de soluciones genéricas: saneamiento de aguas negras y tecnificación del riego. La falta de detalles concretos genera incertidumbre.
La promesa de una reunión con miles de presidentes municipales para coordinar recursos suena prometedora en teoría. Pero, ¿llegarán esos recursos a quienes realmente los necesitan? La historia está llena de proyectos que se quedan a medio camino. La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y un plan de seguimiento independiente alimenta el escepticismo.
El Plan Hídrico Nacional, en su presentación, se enfocó en la narrativa del cambio. Sin embargo, la falta de detalles sobre implementación, control, y la ausencia de respuestas contundentes a las denuncias de corrupción, dejan una sensación de incertidumbre sobre su verdadero impacto. La pregunta que persiste es si este plan logrará transformar la realidad, o si el acceso al agua seguirá siendo un privilegio, en lugar de un derecho.
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