El eje central fue la expansión de la red consular en EUA, presumiendo ser la más grande del mundo con 53 consulados. El canciller destacó logros como la digitalización de trámites y la creación de un equipo jurídico para la defensa de los mexicanos. Se mencionó con orgullo una reducción del 78% en cruces ilegales, atribuida en parte al programa CBP-1, y se enfatizó el compromiso con la protección de los migrantes, asegurando que "no están solos".
Sin embargo, la falta de datos comparativos con otras redes consulares, o con la historia de la presencia mexicana en Estados Unidos, genera ciertas dudas. La información se queda corta. No se mencionaron las limitaciones de recursos en algunos consulados, la sobrecarga de trabajo del personal, o las denuncias previas sobre la falta de apoyo efectivo a migrantes vulnerables. Preguntas relevantes quedaron sin respuesta.
La disminución del 78% en cruces ilegales, atribuida al CBP-1, necesita un análisis más profundo. ¿Es solo mérito del programa, o influyeron factores externos como el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses o cambios en los flujos migratorios? La mención de la posible sustitución del CBP-1 por un mecanismo similar genera incertidumbre: ¿qué garantías hay de que el nuevo programa sea igual de eficaz?
Otro punto a destacar es el programa "México te Abraza" para repatriados, que contrasta con la crítica pública a la política migratoria de Estados Unidos. La aparente contradicción requiere mayor explicación. La falta de detalles sobre el presupuesto y la asignación de recursos para este plan genera dudas sobre su viabilidad a largo plazo.
Finalmente, se anunció una aplicación móvil para informar sobre derechos migratorios. Si bien es un avance tecnológico, su efectividad depende del acceso real de la población migrante, especialmente de quienes tienen menos recursos o conocimientos tecnológicos. La brecha digital podría limitar su impacto.
En resumen, la narrativa oficial presenta un panorama optimista, pero la falta de un análisis crítico, con datos objetivos y contrastados, deja espacio para una interpretación más compleja de la situación. Se requiere mayor transparencia y una evaluación independiente para comprender cabalmente el alcance de las políticas implementadas.