El miércoles 22 de enero de 2025, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el incremento en las tarifas de las autopistas. Su argumento central: el aumento se limita a la tasa de inflación, una afirmación que, según ella, refleja el cumplimiento de la promesa de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, de no elevar las tarifas en términos reales.
Sin embargo, esta versión oficial contrasta con las experiencias reportadas por numerosos automovilistas. Diversos usuarios, a través de reportes recogidos por corresponsales de Grupo Asir, describen un panorama diferente. Se quejan de tarifas que consideran excesivas, del mal estado de conservación de varias carreteras y, en algunos casos, expresan preocupaciones legítimas sobre la seguridad en ciertos tramos.
La declaración presidencial, si bien justifica el incremento en base a la inflación, elude abordar directamente las críticas sobre el estado de las vías de comunicación. Este silencio genera incertidumbre y alimenta la suspicacia sobre si la promesa de mantener las tarifas sin aumentos reales se está cumpliendo cabalmente. Se menciona un supuesto programa de rehabilitación de carreteras federales, pero carece de datos específicos sobre plazos de ejecución y presupuesto asignado, dejando la promesa en un nebuloso limbo.
La complejidad se incrementa al considerar la fragmentación de responsabilidades en el mantenimiento vial. La participación de concesiones privadas, esquemas de inversión mixta y la CAPUFE (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios) crea un entramado que dificulta determinar con precisión quién es el responsable de las deficiencias reportadas. Mientras el gobierno parece deslindarse parcialmente, atribuyendo la responsabilidad a la iniciativa privada en algunos casos, la carga del aumento tarifario recae directamente en los automovilistas, independientemente de quién deba asumir la responsabilidad del mantenimiento.
El detalle de la distribución de recursos para la mejora de las autopistas y el desglose de las tarifas por tramo, junto con la información precisa sobre las concesiones y las responsabilidades de cada actor involucrado, resultan claves para entender la situación actual. La transparencia en este asunto es fundamental para recuperar la confianza ciudadana y para una gestión eficiente de la infraestructura vial del país.