En medio de este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina del 23 de enero de 2025, anunció la creación de Centros de Atención a mexicanos deportados de Estados Unidos. La noticia, presentada con el optimismo característico de las “mañaneras”, prometió la apertura inmediata de dos centros, con más habilitándose durante el fin de semana. Sin embargo, la información fue escasa en detalles cruciales.
El anuncio menciona la creación de 35.000 plazas de empleo como parte de una estrategia integral para apoyar a los deportados. La cifra, aunque impactante, carece de sustento. No se aclaró si estas plazas ya existen o se crearán, generando incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto a largo plazo. La falta de especificidad en cuanto a la ubicación geográfica, capacidad de los centros y servicios específicos ofrecidos plantea serias interrogantes sobre la efectividad del programa.
La falta de transparencia genera preocupación. La información oficial se limita a una mención vaga de “empleos en distintos sectores”, sin profundizar en los tipos de empleos, el proceso de selección o las garantías de su obtención. Esto contrasta con la urgencia de la situación y genera dudas sobre la capacidad real de estos centros para atender la creciente ola de deportaciones.
Se observan incongruencias entre el mensaje optimista del gobierno y las preocupaciones expresadas por el sector empresarial. Mientras el gobierno anuncia la creación de centros de atención, el sector privado alerta sobre las consecuencias económicas negativas de las tensiones con Estados Unidos, lo cual podría aumentar el número de deportaciones. La situación plantea un reto significativo en la gestión de la migración y en la respuesta del gobierno a las necesidades de la población afectada.
El anuncio, en apariencia positivo, presenta lagunas informativas que dificultan una evaluación objetiva de su impacto real. La ausencia de datos concretos y la contradicción con otras declaraciones oficiales sugieren la necesidad de una mayor transparencia para garantizar la eficacia del programa y su capacidad para responder a las necesidades reales de los deportados.