El gobierno, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado con bombo y platillo la participación de 53,621 personas presencialmente y 22,000 virtualmente, resultando en 10,526 propuestas. El vocero presidencial, Jesús Ramírez, destacó la inclusión de los 68 pueblos originarios, subrayando un supuesto “avance histórico en la consulta y el presupuesto asignado a las comunidades indígenas.”
Sin embargo, más allá de los números impresionantes, surgen cuestionamientos legítimos. ¿Reflejan estas cifras una verdadera participación ciudadana o una estrategia de control político? La concentración del proceso de recopilación y sistematización de las propuestas en la Presidencia genera dudas sobre la transparencia y la independencia del mismo. ¿Cómo podemos asegurar que todas las voces, especialmente las de las regiones más marginadas, fueron escuchadas con la misma importancia?
La falta de datos detallados sobre la procedencia geográfica y sectorial de las propuestas dificulta una evaluación objetiva. No sabemos si las contribuciones de las comunidades rurales tuvieron el mismo peso que las de las zonas urbanas, por ejemplo. Esta falta de información detallada impide un análisis robusto de la representatividad real de las propuestas recibidas.
Además, la comparación con el Plan Seccional de Lázaro Cárdenas, aunque evoca un momento histórico importante, carece de contexto. Comparar dos épocas tan diferentes sin un análisis profundo de sus matices sociopolíticos resulta, cuando menos, simplista. La mención del Plan de Cárdenas parece más una herramienta retórica para apuntalar la narrativa oficial que un análisis objetivo.
En definitiva, la información disponible presenta un panorama complejo. Mientras el gobierno celebra la participación ciudadana como un logro sin precedentes, la falta de transparencia y los mecanismos de control centralizados plantean interrogantes fundamentales sobre la verdadera naturaleza democrática de este proceso. La pregunta que persiste es: ¿el PND refleja la voluntad del pueblo mexicano o la agenda del gobierno?
El análisis de la información disponible deja en evidencia la necesidad de una evaluación exhaustiva del proceso. Más allá de las cifras oficiales, una evaluación seria debe considerar la metodología aplicada, la representatividad de las voces participantes y el impacto real que las propuestas tendrán en la vida de los mexicanos.