La conferencia matutina del 27 de enero de 2025, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la participación sin precedentes de 53,621 personas en la elaboración de este plan. Se realizaron 57 foros de consulta (con dos aún pendientes), donde 4,000 representantes de los 68 pueblos originarios tuvieron voz.
El discurso oficial celebra este récord de participación y la asignación de un presupuesto específico para las comunidades indígenas. Sin embargo, la narrativa gubernamental se centra en la cantidad, en las cifras imponentes, pero esquiva un análisis profundo de la eficacia real de estas medidas. Se menciona, por ejemplo, la presa de Zapotillo como un proyecto de desarrollo inclusivo, sin detallar, más allá de la mención de “innovación tecnológica y un plan de justicia”, los impactos a largo plazo en las comunidades afectadas.
De igual manera, la defensa del maíz nativo, presentada como un gran triunfo, parece eludir el complejo debate sobre la soberanía alimentaria y las presiones de la globalización que van más allá de la simple oposición a los transgénicos. Se habla de 10,526 propuestas recibidas, pero se carece de un análisis sobre su calidad e influencia real en el plan final.
El presupuesto asignado a las comunidades, aunque significativo, no se acompaña de detalles sobre su ejecución ni de mecanismos transparentes para evitar la corrupción. La promesa de respeto a las lenguas originarias contrasta con la dura realidad del racismo y el colonialismo interno, que ha ocasionado la pérdida de lenguas en varias comunidades. Si bien se mencionan iniciativas como la Universidad de los Pueblos y el INALI, faltan detalles concretos sobre las estrategias para la revitalización lingüística y cultural, particularmente en el ámbito educativo.
En resumen, la información oficial presenta una imagen de inclusión simbólica de las comunidades indígenas, pero deja sin respuesta cruciales interrogantes sobre las estrategias reales para un desarrollo que respete genuinamente sus tradiciones y lenguas. La falta de datos concretos y análisis independientes genera dudas sobre la efectividad a largo plazo de las políticas gubernamentales.