Digitalización de trámites: promesas y dudas sobre ciberseguridad y privacidad
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El Diario de SonoraSi bien Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, resaltan la creación de una Dirección General de Ciberseguridad y el uso de centros de datos propios, las dudas persisten. El ambicioso plan concentra una gran cantidad de datos personales en bases de datos gubernamentales, avivando los recuerdos de anteriores incidentes de manipulación de información. Las promesas de limitación de uso y distribución de datos en distintas bases de datos no convencen del todo, dadas las vulnerabilidades históricas.
Falta información técnica específica sobre las medidas de ciberseguridad implementadas y los recursos asignados, lo que alimenta la desconfianza. Además, la capacitación del personal en el ámbito municipal y estatal preocupa, pues la infraestructura tecnológica y las habilidades necesarias son limitadas. Por otra parte, la afirmación de que lo que se financia con dinero público es público, en relación con un repositorio de código abierto, choca con la necesidad de proteger los datos personales, especialmente los confidenciales. En definitiva, la digitalización de trámites es una oportunidad para modernizar la administración pública, pero la protección de datos personales debe ser una prioridad absoluta. Las declaraciones gubernamentales deben ir acompañadas de acciones concretas y una mayor transparencia en la implementación técnica. El escrutinio público y un profundo debate son esenciales para garantizar un equilibrio entre la transparencia y la seguridad de los datos.
"Mientras se promociona un futuro sin filas ni burocracia, la falta de conectividad en zonas rurales y marginadas es una realidad que impide el acceso a estos trámites", manifestó Sheinbaum. Ejemplos como el largo viaje que deben realizar los habitantes de Tenosique (Tabasco) para registrarse civilmente ilustran el desafío.
El Gobierno reconoce la brecha digital, pero sus esfuerzos para crear un Centro Nacional de Tecnología Pública y capacitar a servidores públicos son insuficientes. La inversión en infraestructura de telecomunicaciones es indispensable para garantizar la autonomía tecnológica municipal.
La ley prioriza trámites de alta frecuencia, impactando a los más vulnerables, quienes tienen menor acceso a la tecnología. "La digitalización sin una estrategia inclusiva se convierte en un mecanismo de exclusión", advierten expertos.
Pese al optimismo oficial, la resistencia al cambio en la burocracia y la falta de recursos obstaculizan la implementación de la ley. "Hay una gran brecha entre el discurso y la realidad del sector público", apuntan conocedores.
Para cerrar la brecha digital y hacer realidad la promesa de eliminar trámites burocráticos, el Gobierno debe abandonar el triunfalismo y comprometerse con una inversión significativa en conectividad. De lo contrario, la ley se convertirá en una ilusión para millones de mexicanos.
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