El centro de la controversia reside en la reforma propuesta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, presentó el nuevo esquema durante la conferencia matutina del viernes 31 de enero de 2025, argumentando una modernización del sistema y un significativo ahorro presupuestal del 65%.
Según la funcionaria, la nueva ley se alinea con los recientes cambios constitucionales. Se propone la creación de una nueva entidad, "Transparencia para el Pueblo", que absorberá las funciones del INAI. La protección de datos personales, por su parte, será integrada a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaria Buenrostro enfatizó el mantenimiento y fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, incluyendo la implementación de validadores criptográficos para asegurar su integridad.
Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado una ola de críticas. La oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil señalan una centralización excesiva del poder en el Ejecutivo. La eliminación del INAI como órgano autónomo, con su historial de independencia, suscita preocupaciones sobre la posibilidad de manipulación de la información y una menor rendición de cuentas por parte del gobierno.
Otro punto de conflicto radica en la sustitución de los siete comisionados del INAI por un único titular en "Transparencia para el Pueblo". Esta medida, según los críticos, reduce la pluralidad de voces y el contrapeso necesario para garantizar la transparencia. Mientras la Secretaria Buenrostro asegura que el acceso a la información no se verá afectado, las preocupaciones sobre la concentración de poder en una sola figura persisten.
La implementación de la nueva ley y su impacto en el acceso real de la ciudadanía a la información pública serán, sin duda, elementos clave para evaluar su eficacia. El debate está abierto y sus consecuencias para la transparencia y la democracia en México aún están por verse.