842 Cámaras Ilegales Retiradas en Sinaloa: Operativo Conjunto SEDENA-SEMAR-GN

Recientemente, en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se logró un importante decomiso en Sinaloa. Se trata del retiro de un total de 124 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en Culiacán y Mazatlán.
En Culiacán, la operación se centró en diversas colonias, incluyendo el primer cuadro de la ciudad y zonas como Guadalupe, Colinas de San Miguel, Montebello, Rafael Buelna, 5 de Mayo, Industrial Bravo y Benito Juárez. El equipo confiscado incluía diversos tipos de cámaras: 11 cámaras PTZ inalámbricas, 4 cámaras PTZ alámbricas, y 44 cámaras fijas alámbricas. Cada tipo de cámara ofrece diferentes capacidades de vigilancia, lo que indica una estrategia de monitoreo compleja por parte de quienes las instalaron.
Por su parte, en Mazatlán, se retiraron 65 cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del puerto. Es importante destacar que esta acción forma parte de una iniciativa más amplia: con estas 124 cámaras, la cifra total de equipos retirados de estructuras públicas asciende a 842. Algunos de los lugares intervenidos ya habían sido objeto de operativos previos, lo que señala la persistencia de este tipo de prácticas ilegales.
La SSPE aclaró que ninguna de las cámaras retiradas estaba conectada al C4i, el centro de monitoreo estatal. Además, se enfatizó que el sistema de videovigilancia institucional cuenta con medidas de seguridad para prevenir el hackeo o la creación de copias no autorizadas. La instalación de cámaras de vigilancia por particulares en espacios públicos es ilegal, y se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 089 o 911.
El operativo pone de manifiesto la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el uso de tecnologías de vigilancia.