Sentencias desiguales: en CDMX: mujer recibe condena mayor que su pareja por el mismo delito
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Nicol Matuz ScottEl caso involucra a Juana Lilia Bernabé Ovando y Gabriel Antonio, ambos declarados culpables de complicidad en delincuencia organizada. Sin embargo, la disparidad en sus sentencias ha generado un debate sobre la imparcialidad del sistema.
Juana Lilia fue condenada a 33 años 10 meses de prisión y una multa de 27 mil pesos. Por el mismo delito, su ex pareja, Gabriel Antonio, recibió una sentencia de 23 años y una multa de 18 mil pesos. Esta diferencia significativa ha encendido las alarmas.
Según la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, este caso no es aislado: “Los centros femeniles de la Ciudad de México están llenos de casos similares, sentencias más duras por parte de los jueces, mujeres sin sentencia desde hace muchos años y no importa si es local o federal, ambos poderes judiciales hacen lo mismo: dar un doble castigo a las mujeres por el hecho de ser mujeres”.
Peralta enfatiza que la discrepancia no radica en la culpabilidad, sino en la severidad de la pena impuesta. “Ambos fueron juzgados por el mismo caso, como cómplices, pero al momento de dictar sentencia, el Poder Judicial de la Federación determina que la mujer merece una condena más alta. No está a discusión su responsabilidad, pero es evidente que hay una sentencia más dura a la mujer por encima del hombre sin ninguna causa”, afirma.
La preocupación de Peralta se centra en la aparente tendencia a aplicar sentencias más severas a las mujeres, independientemente de las circunstancias específicas del delito. Ella argumenta que la justicia debe ser equitativa y proporcional al crimen cometido, no influenciada por prejuicios de género. La búsqueda de una verdadera justicia, libre de sesgos, sigue siendo un reto para el sistema.
El caso de Juana Lilia y Gabriel Antonio, junto con las declaraciones de Rebeca Peralta, plantea interrogantes sobre la aplicación de la justicia en México y la necesidad de una revisión profunda de los procesos judiciales para garantizar la igualdad ante la ley.
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