Phoenix
‘Dreamers’ presentaron una demanda debido a que el estado no permite que se les otorgue licencias
Organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes interpusieron este jueves una demanda que busca revertir una orden de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que le niega licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes que hayan obtenido permisos de trabajo y evitado su deportación por la ‘Acción Diferida’ que promulgó el presidente Barack Obama.
La demanda alega que la orden de Arizona de hecho clasifica a los llamados “dreamers” como inmigrantes sin permiso de estar en Estados Unidos.
Las organizaciones le pidieron a un juez federal que declare inconstitucional esa orden porque la ley federal tiene primacía y porque niega las licencias sin una justificación válida.
“La creación de Arizona de su propia clasificación migratoria se entromete de forma inadmisible en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la inmigración”, afirmó la demanda.
En junio, el gobierno de Obama ordenó medidas administrativas para evitar que hasta 800 mil inmigrantes irregulares sean deportados. También se les permitió solicitar permiso de trabajo de dos años, renovable.
Los beneficiarios debieron haber sido traídos a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años, ser menores de 30 años, haber estado en el país durante cinco años consecutivos por lo menos, haber terminado sus estudios en una escuela secundaria o haber certificado tales estudios con un programa GED o haber servido en las fuerzas armadas.
Brewer ha alegado que su orden del 15 de agosto sobre los permisos de conducir era necesaria para asegurarse que las dependencias de Arizona se adhieran al espíritu de las leyes estatales que le niegan prestaciones públicas a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país.
La gobernadora se ha enfrentado frecuentemente con el gobierno de Obama sobre el tema de la inmigración, sobre todo en relación con una impugnación del gobierno federal para tratar de invalidar la ley de inmigración de Arizona de 2010.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la sección más polémica de la ley, pero rechazó otras porciones.
Los abogados de dos grupos defensores de los derechos civiles que encabezaron la impugnación a la ley estatal de 2010 también presentaron la demanda contra la política de Brewer sobre las licencias de conducir.
El nuevo caso fue entablado a nombre de cinco inmigrantes jóvenes de Arizona que fueron traídos a Estados Unidos desde México cuando eran niños y a quienes se les concedió protección temporal de deportación. A ellos, sin embargo, se les negaron las licencias de manejo.
También se quejaron de que la orden de Brewer les ha causado dificultades significativas. Según el texto de la demanda, la orden de Brewer le ha hecho difícil o imposible a estos jóvenes inmigrantes hacer cosas esenciales de la vida diaria, como ir a la escuela, ir a la tienda y buscar trabajo.
La demanda dice que la orden de Brewer significa que los permisos federales de trabajo otorgados a los beneficiarios del programa no son aceptados como prueba de su presencia legal en Estados Unidos al tramitar una licencia de conducir.
Sin embargo, agrega la demanda, Arizona acepta tales permisos de trabajo de aquellos inmigrantes que ya recibieron el beneficio de deportación suspendida como parte de otros programas federales de inmigración.
Los cinco jóvenes inmigrantes no solicitan una indemnización monetaria, sino que le piden al juez que prohíba al gobierno de Arizona negar licencias de conducir a inmigrantes que obtuvieron el estatus de deportación diferida por el gobierno federal.
La querella busca ganar estatus de demanda colectiva, lo que permitiría que todos los demás inmigrantes jóvenes de Arizona a quienes se les concedió la protección temporal de deportación se unan a la demanda.
Alrededor de 11 mil personas que residen en Arizona han solicitado protección de deportación temporal bajo la nueva política de Obama.
La demanda también fue presentada en nombre de la Coalición de Arizona por la Ley DREAM, un grupo que aboga por una legislación federal que le brinde a centenares de miles de jóvenes un mecanismo para legalizar su situación migratoria en el país.