Nogales
Una inhabilitación por ocho años para ejercer algún cargo público, así como una sanción económica por más de 13 millones de pesos, fue a la que se hizo acreedor el ex director del Oomapas en Nogales, Francisco Octavio Gastélum Ceballos.
Lo anterior responde a conductas inadecuadas por parte del ex servidor público cuando fue titular del Organismo Operador del Agua y Saneamiento, entre los años de 2009 y 2012.
La resolución fue dada a conocer por el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Julio César Minjárez Granados, quien indicó que lo anterior se desprende de una primera evaluación que se originó del proceso entrega – recepción, y agregó que están por abrir más líneas de investigación, en todas las dependencias.
Añadió que las conclusiones en contra de Gastélum Ceballos están basadas en documentos, testimoniales y pruebas recabadas.
“Hemos sido respetuosos de los derechos personales y jurídicos de los ex servidores públicos, para no hacer una descalificación pública que se mal interpretada como una cacería de brujas”, señaló.
Minjarez Granados manifestó que el no aplicar la ley es faltarle el respeto a los ciudadanos y un acto de complicidad, con aquellos ex funcionarios infractores de la norma que protestaron cumplir y hacer cumplir.
En el caso de la sanción económica, el monto original es por seis millones 854 mil 122 pesos, pero el Contralor manifestó que se extendió hasta los 13 millones, debido a que la ley exige cobrar el doble del daño patrimonial.
Asimismo, será el Órgano de Control el encargado de dar seguimiento y cumplimiento a las sanciones administrativas y económicas que se le otorgan al ex titular de Oomapas, con los avisos a tesorería para que haga efectivo el cobro de la multa así como a las instancias correspondientes, por ser empleado de una institución educativa federal.
Gastélum Ceballos fue notificado el día de ayer de la resolución que emitió Contraloría, por lo que después de dicha fecha cuenta con cinco días hábiles para presentar alguna inconformidad, ya sea ante la misma Contraloría o Tribunal Contencioso de lo Administrativo.
Por último, Minjárez Granados indicó que el caso puede turnarse a otras instancias, como las judiciales donde de manera presuntiva se puede hablar de daño patrimonial, robo, peculado, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad.