NOGALES
Por considerar que el proceso que se siguió estuvo plagado de anomalías, la Contraloría Municipal determinó reabrir el caso de la compra de terrenos por 3 millones de dólares -Expediente D02/2012-, en los que se investiga a ex funcionarios de las dos anteriores administraciones incluyendo a los ex alcaldes Marco Antonio Martínez Dabdoub y José Ángel Hernández Barajas.
El titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Julio César Minjárez Granados, informó que tras realizar una revisión al expediente en mención, se encontró una gran cantidad de violaciones al procedimiento, motivo por el cual se repondrá o reabrirá dicho caso.
El funcionario explicó que el proceso que siguió el ex contralor José Ortiz Covarrubias lo cerró sólo con el apercibimiento y una absolución, aún y cuando existían una serie de irregularidades en la investigación, mismas que no fueron agotadas.
“Esa gran cantidad de irregularidades, permite reponer el proceso y hacer nuevamente la investigación y por consiguiente llamar a comparecer a todos los involucrados entre ellos el ex titular del Oomapas y ex contralor de ese mismo organismo, Francisco Octavio Gastélum Ceballos y Víctor Hugo Carrillo, respectivamente”, explicó el Contralor Municipal.
Agregó que además están involucrados en el proceso el ex síndico Agustín Varela Orozco y los ex alcaldes Marco Antonio Martínez Dabdoub y José Ángel Hernández Barajas.
“Se cuenta con todos los documentos y testimoniales que muchas de ellas no se desahogaron y que permiten definir posibles responsabilidades, derivado de los hechos que se señalaron en su momento y que la ciudadanía merece saber el por qué de la transacción que derivó en la compra de un terreno con un valor exagerado al valor real que tenía”, señaló el Contralor Municipal.
Entre las irregularidades encontradas por la Contraloría Municipal, al proceso que se siguió la pasada administración, Minjárez Granados destacó: Omisión en el desahogo de pruebas; testigos que no se examinaron; valor a copias simples como documentos originales para eximir de responsabilidades; falta de valoración de pruebas en la sentencia; violaciones al debido al proceso; no abrir periodos de alegatos, entre otras.