Sufren los pobladores efectos nocivos de la contaminación
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El Diario de SonoraA un día de que se cumplan 8 años del derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, los efectos persisten y en los habitantes se sigue detectando la presencia de metales pesados en su cuerpo.
La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer que el martes pasado se llevó a cabo una reunión con representantes de los Comités de Cuencas Río Sonora.
Explicó que durante el encuentro se informó a la titular de la dependencia María Luisa Albores de esta situación y de la necesidad de construir plantas potabilizadoras en todas las comunidades de la región afectada, además de que se otorgue atención médica a los pobladores.
Asimismo, solicitaron la gestión de un sistema de monitoreo permanente que permita remediar plenamente la tierra agrícola y que Grupo México asuma sus responsabilidades por los daños económicos, sociales y ambientales causados a la población y a su salud.
Además, se instalará una unidad de vigilancia de atención especializada y se dotará a las escuelas públicas aledañas al Río Sonora de agua potable de calidad y libre de metales.
Asimismo, se realizarán estudios junto con la Cofepris para emitir una declaratoria de emergencia en la zona.
Contaminación en la sangre
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad del gigante Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron en la vida, las cosechas y el ganado de 22,000 personas; fue el mayor desastre ambiental en México y sucedió en el río Sonora.
Un grupo de representantes de los afectados, científicos vinculados al caso y representantes de la organización de derechos humanos PODER mostraron por primera vez los hallazgos sobre las afectaciones basados en información del gobierno mexicano que fue negada por la anterior administración de Enrique Peña Nieto. El 8 de abril de este año la Secretaría de Salud y el Centro nacional de Control de Enfermedades (Cenaprece) entregó los resultados de un análisis a 650 afectados en ocho municipios: más del 95% de la población testada tiene plomo en la sangre; un 50%, arsénico y el 79% cadmio.
En el informe presentado se recogen otras revelaciones, como que todavía no hay potabilizadoras y que todavía no se construye el hospital que se había prometido para los afectados.
En 2020 la Suprema Corte consideró que el fideicomiso creado para compensar económicamente a las víctimas no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados, dejando la posibilidad de que el Gobierno actual volviera a abrirlo. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con PODER. Esto representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver la crisis.
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