Sin mecanismos de investigación de tortura en Sonora
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El Diario de SonoraHermosillo, Son
Reproducción parcial del reportaje. Trabajo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and BloggersEn Sonora, en los últimos seis años, el Poder Judicial y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han recibido 275 denuncias por casos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de información por transparencia. Sin embargo, en esa entidad no existe una Fiscalía especializada para investigar el delito y según testimonios de víctimas entrevistadas para este reportaje, existe amedrentamiento y obstáculos para quienes buscan justicia por estos agravios.
Al menos 66 personas manifestaron haber sufrido tortura al enfrentar una detención y/o un proceso penal ante la Fiscalía General de Sonora y ante los cuerpos de policías estatal y municipales de Sonora, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de ese estado, en respuesta a una solicitud de información por transparencia.
Estos casos sucedieron en el periodo de enero de 2017 —año en el que la Procuraduría de Justicia se constituyó como Fiscalía para la ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio— a marzo de 2023.
La dependencia informó que en ninguno de los casos anteriores han habido denuncias penales contra los presuntos agresores, por lo que tampoco se realizaron judicializaciones ni sentencias contra las personas señaladas.
Paralelo al registro del Poder Judicial de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 209 quejas por tortura también del 2017 a marzo de 2023. De estas quejas, 109 fueron contra la Fiscalía General de Sonora y 39 contra policías municipales.
Adicionalmente, el organismo autónomo emitió otras 35 recomendaciones relacionadas con abusos físicos y psicológicos como golpes y amenazas a personas en situación de detención, pero no las catalogó como tortura, sino como abusos de autoridad, de acuerdo con información pública disponible en su portal.
En estos casos la principal autoridad responsable son policías municipales, quienes acumulan 26 recomendaciones; la Fiscalía de Sonora cinco recomendaciones, y la Policía Estatal de Seguridad Pública cuatro más.
En la entidad existe la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora desde el 2014, misma que establece en el artículo 2 “programas permanentes” para capacitar a los policías municipales y que ninguna declaración obtenida por este delito “podrá invocarse como prueba en un proceso penal” en el artículo 11.
En el 2017, con el fin de crear un marco jurídico general para el delito de tortura en todos los estados de México, la administración de Enrique Peña Nieto decretó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID).
Dicha ley establece que la Federación y las entidades federativas “contarán con un plazo de noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente”, esto en el sexto transitorio del capítulo 3.
A pesar de que existe tanto la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID), "la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no cuenta con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación del delito de tortura", según la respuesta a la solicitud de transparencia enviada a la Fiscalía.
La respuesta detalla que son “Órganos Técnicos de Investigación” los que hacen las indagatorias relacionadas con este delito y no respondió a la pregunta de los procesos que pudieran existir por este delito, bajo el motivo de que no se cuenta con dicha oficina.
La Ley General también señala en el artículo 55 que: “Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.
Ángel María Salvador, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, en entrevista para este reportaje, explicó que las fiscalías estatales deben de tener “por ley” una unidad especializada que investigue la tortura.
Explicó que el no contar con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación específica del delito de tortura y asignar esta tarea a las agencias ministeriales generales, podría contravenir lo que establece el artículo 55 de la Ley General.
Además, dijo que la Fiscalía de Sonora le ha respondido a Documenta que no tiene estadística detallada y sistematizada sobre el delito de tortura “la Fiscalía debería tener esa información porque forma parte de una obligación legal, hay una obligación de que existan estos registros y deberían tenerlo completamente actualizado y muy bien desarrollado”.
El especialista consideró que este vacío que ahora existe, pone en evidencia que Sonora carece de mecanismos efectivos para investigar la tortura, lo que deja en la impunidad a los perpetradores “es un error que invisibiliza el crimen”.
“Tiene que ser un registro bastante exhaustivo de cuántas personas están siendo investigadas, cuántas víctimas hay, perfiles victimológicos, bastante, bastante información y tiene que ser un registro que permita diagnosticar el problema con los patrones de conducta y también dimensionarlo. Entonces esa información en principio, la Fiscalía la debería tener porque forma parte de una obligación legal”, dijo.
La Fiscalía de Sonora también negó para esta investigación la entrega de información estadística relacionada al delito de tortura solicitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, debido al mismo argumento de que no existe la unidad antitortura y por lo tanto no hay datos de este delito.
La Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora, en el artículo 3, define que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos para obtener de la persona torturada o de un tercero, información o confesión; para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; para coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún tercero; o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación”.
Sobre esta situación, el coordinador del Programa para Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta explicó que “el índice de investigaciones (del delito de tortura) es bajísimo, es de los más bajos del país”; por ejemplo, indicó que según datos que ellos han obtenido por transparencia, en todo 2022, la Fiscalía de Sonora sólo abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura en el estado.
El especialista dijo que esta negativa a crear una fiscalía especializada podría deberse a que las autoridades encargadas de investigar los hechos son las más señaladas de cometer el delito.
“Sonora es uno de los pocos estados que todavía no tiene una Fiscalía Antitortura, de hecho según datos a través de información pública que recabamos en el año 2022, existen tan solo cuatro entidades federativas que no tienen una Fiscalía especializada”, dijo.
Sinaloa, Guerrero y Coahuila son las otras entidades que no cuentan con una Fiscalía Especializada en Tortura, informó el experto.
Javier Millanes, abogado penalista graduado de la Universidad de Sonora (UNISON), quien ha abordado casos de tortura en el estado, opinó que “si investigaran la tortura, sería como dispararse en el pie”. En esto coincide el abogado José Cuitláhuac Castro Silva, quien trabajó 25 años en el Poder Judicial.
Castro Silva comentó que: “En el caso de la Fiscalía (de Sonora), seguramente, la clasificación que hacen de los delitos que llegan y que finalmente son registrados como parte de la estadística, no los ingresan con esa denominación (tortura)”.
Añadió que “si hay tortura y a la carpeta de investigación la registran como abuso de autoridad, entonces este delito escapó, ya no se registra como tal”.
Lee la nota original en: https://www.borderhub.org/noticias-especiales/denuncian-275-casos-de-tortura-en-sonora-y-estado-carece/?utm_source=substack&utm_medium=email
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