Jan Brewer, gobernadora de Arizona, ordenó suspender las ejecuciones mientras se revisa el procedimiento, tras de que el homicida convicto Joseph Wood, muriera dos horas después de aplicarle la inyección letal.
La prensa exigió tomar medidas. “Arizona debe establecer una moratoria sobre cualquier uso de la inyección letal para las ejecuciones”, señaló en un editorial el diario The Arizona Republic, dos días después de que la ejecución de un reo se prolongara.
Jan Brewer, “no puede permitir que otra ejecución siga adelante sin tener una seguridad sólida que la pena de muerte se llevará a cabo dentro de las limitaciones de la Octava Enmienda”, que prohíbe el castigo cruel e inusual.
Mientras, el senador federal John McCain, lo calificó como tortura, aunque aseveró que apoya la pena capital para ciertos crímenes. La ejecución mal realizada ha renovado el debate sobre la pena capital.
Las autoridades carcelarias declararon muerto ayer a Joseph Rudolph Wood, condenado a la pena capital por los asesinatos en 1989 de su compañera y el padre de ella, una hora y 57 minutos después que comenzara la inyección del sedante midazolam y el narcótico hidromorfona.
Los testigos dijeron que Wood, de 55 años, continuó resoplando y tomando bocanadas de aire cientos de veces, cuando la ejecución debería haberse completado en unos diez minutos.
“Daba bocanadas como un pez en tierra”, relató el periodista Michael Kiefer, del diario The Arizona Republic. EFE
CIDH, contra
penas crueles
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Estados Unidos suspender las ejecuciones y abrir una investigación después de que un condenado a muerte padeciera dos horas de agonía tras recibir una inyección letal.
La CIDH expresó su “profunda preocupación” por la ejecución particularmente larga y recordó a Estados Unidos su “obligación internacional de no imponer penas crueles o inusitadas a persona bajo su jurisdicción”.
La Comisión llamó en un comunicado a las autoridades federales y estatales a “conducir una investigación independiente e imparcial sobre la muerte del señor Wood y a suspender las ejecuciones hasta que el protocolo de ejecución del estado haya sido íntegramente revisado”.
Las ejecuciones de condenados a muerte son el centro de una polémica en Estados Unidos sobre la eficacia y el origen de los productos utilizados en las ejecuciones, así como sobre la calificación del personal a cargo de inyectarlos.
Según el comunicado, la CIDH ha encontrado “numerosos defectos en los protocolos de inyección” en Estados Unidos y recibe denuncias sobre la “ausencia de una significativa supervisión” del gobierno federal.
A finales de abril, en Oklahoma (sur), un preso había muerto con aparente dolor 43 minutos después de la inyección de un cóctel de tres productos. Las ejecuciones entonces fueron suspendidas en todo el país y se habían reanudado gradualmente, excepto en Oklahoma, a pesar de las protestas y múltiples procedimientos judiciales.
La Comisión, con sede en Washington, recordó que la pena de muerte sigue vigente aún en una minoría de países de la región. De ellos, Estados Unidos es el único que lleva a cabo ejecuciones.
La comisión también celebró que 18 estados estadounidenses y la capital, Washington, hayan abolido la pena de muerte y otros siete decretaran una moratoria de las ejecuciones.