En las áridas tierras políticas de Arizona, dos figuras destacadas se han enfrentado en una intensa batalla por el destino de los fondos provenientes de acuerdos relacionados con los opioides.
La Gobernadora Katie Hobbs y la Fiscal General Kris Mayes, ambas del partido demócrata, han protagonizado una disputa que ha captado la atención de todo el estado.
La Gobernadora Hobbs, tras la aprobación del presupuesto estatal por las cámaras legislativas el 15 de junio, celebró el logro. Sin embargo, su alegría se vio empañada por las críticas contundentes de la Fiscal General Mayes, quien desde su despacho calificó de "ilegal" la inclusión de $115 millones de los acuerdos por opioides en el presupuesto.
El destino controvertido de estos fondos, destinados a asegurar la estabilidad financiera del estado hasta el próximo 1 de julio, ha provocado desacuerdos entre ambas funcionarias. La decisión de redirigir el dinero al Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona ha sido el punto de inflexión en esta confrontación política.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando, el 20 de junio, la Fiscal General Mayes tomó medidas drásticas al solicitar una orden de restricción temporal para evitar la transferencia de los fondos del acuerdo. Un juez respaldó su solicitud, deteniendo momentáneamente la polémica transferencia.
Finalmente, el 18 de junio, la Gobernadora Hobbs firmó el presupuesto, convirtiéndolo en ley a pesar de la oposición de la Fiscal General. Esta disputa, lejos de resolverse, ha sacado a la luz las tensiones latentes en el complejo entramado político de Arizona, evidenciando que los intereses y visiones divergentes pueden chocar con fuerza en el escenario público.