El caso de Michael Kenyon, quien sufrió quemaduras de tercer grado mientras era sujetado al asfalto caliente por la policía de Phoenix, ha experimentado nuevos desarrollos. La policía de Phoenix, que ya se encuentra bajo escrutinio por la violencia policial y posibles violaciones de derechos civiles, enfrenta una demanda por el incidente de Kenyon.
El incidente ocurrió el 6 de julio de 2024, cuando la temperatura alcanzó los 114º en el centro de Phoenix. Vídeos de vigilancia y de teléfonos celulares muestran a los agentes detuviendo a Kenyon en un estacionamiento y sujetándolo al asfalto durante más de cuatro minutos, mientras él gritaba pidiendo ayuda. Kenyon pasó más de un mes hospitalizado con quemaduras en la cara, los brazos, el pecho y las piernas.
Kenyon sostiene que los agentes lo detuvieron sin motivo aparente, y que su compañero de habitación había denunciado un robo en su casa, aunque la policía luego determinó que Kenyon no era el sospechoso. Sin embargo, Kenyon tenía una orden de arresto pendiente por un cargo de drogas, aunque afirma no saber nada sobre ella y la policía confirmó que tampoco la conocía en el momento del incidente.
En un giro inesperado, la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa presentó cargos penales contra Kenyon el 28 de octubre de 2024 por un incidente separado de violencia doméstica ocurrido en marzo. Los cargos incluyen agresión agravada, agresión y alteración del orden público. La presentación de estos cargos se produjo horas después de que ABC15 contactara a la policía de Phoenix para solicitar comentarios sobre el caso de las quemaduras de Kenyon.
Los abogados de Kenyon cuestionan el momento de los nuevos cargos, considerándolo sospechoso dado el historial de la policía de Phoenix. Señalaron que el incidente de violencia doméstica ya había sido reportado a la oficina del fiscal en marzo, y que el fiscal asignado al caso lo recibió solo en octubre.
Las investigaciones internas y penales sobre el incidente de Kenyon aún están en curso. El caso continúa llamando la atención sobre la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la aplicación de la ley, y subraya los riesgos que enfrenta la comunidad cuando la policía abusa de su poder.