El foco se centra en la participación de la DEA (Administración para el Control de Drogas) en arrestos relacionados con inmigración. Específicamente, la división de Phoenix de la DEA colaboró en la detención de un individuo el pasado lunes. Este hombre, cuyo nombre no se ha revelado públicamente, es buscado por homicidio en México.
Según declaraciones de Bernard Zapor, ex agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix, la cooperación entre agencias federales en investigaciones criminales es habitual, sobre todo en casos que involucran tráfico de drogas o armas. Sin embargo, la participación activa de la DEA en arrestos migratorios representa un cambio significativo en su rol tradicional.
Zapor destaca que esta nueva dinámica responde a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que instruyen a diversas agencias a participar en la aplicación de las leyes de inmigración. Señala que la estrategia de "todos a bordo" es evidente en operativos recientes, como el arresto de 41 personas en Colorado, algunas vinculadas al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana.
La experiencia en Arizona no es un caso aislado. Zapor explica la relación entre el tráfico de drogas y las violaciones de inmigración, particularmente la conexión con los cárteles mexicanos. “Han estado aquí durante mucho tiempo. En cualquier lugar donde haya una empresa de tráfico de drogas, tiene que tocar a los cárteles mexicanos, punto. En resumidas cuentas, dominan todo en Estados Unidos”, afirmó Zapor, resaltando la larga presencia de estos grupos en Phoenix.
Este cambio en el panorama de la seguridad pública, con la DEA tomando un papel más activo en las deportaciones, plantea interrogantes sobre la capacitación específica de los agentes federales para manejar estas situaciones. Zapor anticipa la necesidad de formación especializada para evitar errores en el proceso, asegurando que se espera "excelentes resultados, resultados efectivos" de esta nueva estrategia de colaboración interagencial.
La situación en Arizona refleja una nueva realidad en la aplicación de la ley en el país, donde las líneas entre las diferentes áreas de la seguridad pública se están difuminando, generando debates sobre sus implicaciones a largo plazo.