Población sin hogar en Arizona: crecimiento moderado y desafíos persisten

La población de personas sin hogar en el condado de Pima, Arizona, aumentó ligeramente en 2025, alcanzando un total de 2,218 individuos, aunque el número de personas sin refugio disminuyó casi un 25%, según el conteo puntual realizado en enero. Esta cifra refleja un crecimiento moderado comparado con años anteriores, pero también muestra un aumento significativo en quienes se encuentran en refugios o viviendas transitorias, señal de una mejor capacidad de respuesta por parte de agencias y organizaciones locales.
El conteo anual, realizado por más de 400 voluntarios en diversas comunidades del condado, evidenció que 1,276 personas estaban completamente sin refugio, mientras que 942 residían en algún tipo de alojamiento temporal. Autoridades locales destacaron la importancia de estos datos para orientar políticas públicas y asignación de fondos federales destinados a mejorar la infraestructura de servicios para personas en situación de calle, enfatizando que aún existen retos significativos debido a factores como el incremento del costo de vida, la inflación y la falta de vivienda asequible.
Pima County enfrenta además un aumento en la cantidad de personas sin hogar con problemas de salud mental y abuso de sustancias, así como un leve incremento en la población con condición de calle crónica, que llegó a 842 personas. En respuesta, la colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales ha impulsado estrategias integrales que incluyen ampliación de camas en refugios, programas de vivienda permanente y atención coordinada en salud mental y servicios sociales.
A pesar de algunos avances locales, el panorama nacional de la crisis habitacional continúa siendo grave, agravado por recortes presupuestarios federales que amenazan la financiación de programas esenciales para la prevención y atención del sinhogarismo. A nivel municipal, Tucson implementó ordenanzas que restringen el acampe en zonas públicas, medida polémica que busca responder a demandas legales y proteger a la ciudad, aunque organizaciones defensoras advierten que estas políticas podrían profundizar la marginalización y dificultar la salida de la pobreza para muchas personas sin hogar.